Salta: imputan a un exlegislador y cinco personas por contrabando de granos y asociación ilícita
Miércoles 01 de Octubre de 2025, 23:28
Según la investigación, el grupo utilizaba cartas de porte falsificadas para simular el transporte legal de la mercadería y, en apenas un año y medio, logró mover de forma ilícita más de 15.000 toneladas de soja, maíz y trigo.La Justicia Federal de Tartagal imputó a un exdiputado provincial salteño y a otras cinco personas acusadas de integrar una organización criminal dedicada al contrabando agravado de granos hacia Bolivia. Según la investigación, el grupo utilizaba cartas de porte falsificadas para simular el transporte legal de la mercadería y, en apenas un año y medio, logró mover de forma ilícita más de 15.000 toneladas de soja, maíz y trigo. Los envíos se realizaban desde depósitos comerciales ubicados en Salvador Mazza, cuyos fondos desembocan directamente en territorio boliviano.
La investigación está a cargo de la fiscal federal Lucía Orsetti, titular de la Sede Fiscal Descentralizada de Tartagal, quien formalizó la acusación en una audiencia ante la jueza federal de Garantías, Ivana Hernández. Los imputados son el exdiputado Luis Gerónimo Cisneros, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado. Todos quedaron acusados por asociación ilícita y contrabando agravado por el avalúo de la mercadería y el número de intervinientes. Además, se dictó prisión preventiva para cinco de ellos, mientras que un empresario señalado como líder de la organización, Pablo Emanuel Arequipa, permanece prófugo y con pedido de captura internacional.
Los allanamientos realizados por Gendarmería Nacional en Tartagal y Salvador Mazza permitieron secuestrar granos valuados en más de 69 millones de pesos, armas de fuego, máquinas de contar billetes y abundante documentación. Según la fiscalía, las maniobras eran coordinadas principalmente por Cisneros y Arequipa, quienes, a través de empresas como LU.MA.CIS SRL y Sergesa SRL, generaban ganancias multimillonarias. Para el Ministerio Público Fiscal, se trata de un caso de criminalidad económica de extrema gravedad, que podría derivar además en una investigación por lavado de activos. /La Gaceta
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