Martes 11 de Noviembre de 2025, 20:18
La Justicia tratará de establecer si hay más efectivos involucrados en el escándalo que se desató en El Cadillal. Dos jefes de la fuerza fueron dados de baja después de descubrir que habría utilizado a efectivos policiales y a presos para realizar trabajos de albañilería en una casa de esa villa turística.Lo que se conoce hasta el momento es que el comisario Gustavo Beltrán, jefe de la Unidad Regional Norte que finalmente quedó detenido, fue acusado de utilizar al menos a dos policías y a cuatro presos (todos cumplían condenas por abuso sexual) para desarrollar esa tarea. Al parecer, esas personas se presentaban a trabajar en un móvil policial.
“A partir de datos aportados a través de llamadas anónimas, seguidas de una investigación reservada, la Policía detuvo a cuatro personas en El Cadillal que resultaron ser dos hombres que cumplían una condena y debían estar alojados en la comisaría Chuscha y otros dos efectivos policiales”, fue la información oficial que se brindó del caso.
Eugenio Agüero Gamboa, ministro de Seguridad, le planteó el tema al gobernador Osvaldo Jaldo. El titular del Poder Ejecutivo ordenó una rápida investigación y que se tomara otra medida: dar intervención a la Fiscalía de Estado. Personal de esa repartición fue esta mañana hasta el lugar y confirmó la versión.
Fuentes policiales explicaron que en esa comitiva también estaba un escribano del Gobierno. Al constatar la existencia de la irregularidad, labró un acta para dejar todo asentado.
Luego se hizo lo que ya está confirmado: aprehendieron a cuatro personas y dieron de baja a través de un decreto a Beltrán y a su segundo, Sergio Juárez. La Unidad Regional Norte es una de jurisdicciones más importantes de la provincia. Su jurisdicción abarca Trancas, Las Talitas, Tafí Viejo y Yerba Buena.
Vale la pena aclarar que con este trámite administrativo, los dos comisarios, que integran la cúpula de la fuerza, no podrían jubilarse de manera inmediata. Además, el caso ya está en manos de la fiscala Mariana Rivadeneira que podría imputarles varios delitos.
La investigación no culminará con la expulsión inmediata de los dos jefes policiales. En la maniobra también podrían haber participado más efectivos.
“No se puede aplicar la obediencia debida en este tipo de caso”, sostuvo una fuente del Gobierno.
Los pesquisas sospechan que los policías habrían realizado esa tarea cuando deberían haber estado prestando servicios. Además, para movilizar a los presos, los uniformados deben contar con autorización judicial y cada traslado debe quedar debidamente registrado en el libro de actas de la dependencia policial en la que estaban alojados.
Rivadeneira deberá confirmar si se cumplió con esos requisitos. Si no lo hicieron, podría ser investigado el personal de la comisaría y sus superiores y el jefe de zona, que debe cumplir con el control del movimiento de los efectivos y de los detenidos. Sobre los presos que fueron encontrados en el lugar, se confirmó que ya estaban condenados, por lo que aún queda establecer por qué no fueron trasladados al penal de Villa Urquiza o al de Benjamín Paz, tal como lo ordenó a través de una acordada la Corte Suprema de Justicia.
También trascendió que se investigará la situación dominial del terreno de Beltrán. Forma parte del barrio Villa del Parque que, en principio, no habría sido edificado en tierras fiscales.
