Nuevos datos en el escándalo de El Cadillal: los condenados por abuso eran llevados a trabajar en un terreno que sería usurpado
Viernes 14 de Noviembre de 2025, 01:41
Funcionarios del Ministerio Público analizaron el lugar donde los presos y los policías realizaban trabajos de albañilería.La fiscala Mariana Rivadeneira, a cargo de la causa, detalló que Beltrán habría ordenado durante dos meses el traslado irregular de cuatro detenidos hacia dependencias de la URN, ubicada en Tafí Viejo, sin dejar registro en los libros oficiales ni comunicarlo a la Justicia. Los presos —tres condenados por abuso sexual alojados en la comisaría de Chuscha y otro de Yerba Buena— eran obligados a trabajar en beneficio personal del jefe policial.
El auxiliar fiscal Federico Lizárraga explicó que el martes pasado, Beltrán, junto a los sargentos Osvaldo Teseira y Luis Trejo, falsificó el libro de guardia: asentaron que dos detenidos eran trasladados para ser alojados en la comisaría de Chuscha, cuando en realidad el móvil policial se dirigió directamente a la obra que el comisario construía en El Cadillal.
Mientras en la audiencia se confirmaba esta maniobra, también se supo que el segundo jefe de la URN, comisario Sergio Juárez, está siendo investigado por su posible participación. A diferencia de lo que se creía inicialmente, Juárez no quedó aprehendido, aunque permanece bajo análisis judicial.
Paralelamente, fuentes de Casa de Gobierno confirmaron un dato que agrava aún más el cuadro: la vivienda en construcción que Beltrán habría levantado con mano de obra ilegal está en un predio fiscal, perteneciente a la Provincia. El lote forma parte de uno de los múltiples loteos clandestinos que proliferaron en los últimos años en la zona de El Cadillal.
La investigación ya provocó movimientos internos en la fuerza. Se confirmó que otros efectivos fueron pasados a disponibilidad, mientras continúan las medidas judiciales para determinar la responsabilidad total de los involucrados.
El caso, que combina corrupción policial, uso ilegal de detenidos, falsificación de documentos públicos y ocupación de tierras fiscales, se perfila como uno de los escándalos institucionales más graves del año en Tucumán.
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