Un grave caso de corrupción política y judicial en Salta se cerró con tres condenas leves y sólo una con prisión efectiva
Martes 02 de Diciembre de 2025, 07:39
EL UNICO PRESO. El ex intendente de Aguas Blancas Carlos Alfredo Martínez es el único que recibió prisión efectiva, pero de menos de dos años y en cuatro años podrá volver a la actividad política.Un fallo de alto impacto institucional sacudió este lunes a la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán. Tres miembros del sistema judicial y político local —el abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado judicial Héctor Manuel Alderete y el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez— fueron condenados por delitos contra la administración de justicia, en una causa que expuso maniobras de coimas, filtración de datos reservados y manipulación de expedientes.
Aún resta llevar a juicio al ex juez Claudio Alejandro Parisi y a su secretario, ambos detenidos por hechos de corrupción.
Durante la investigación, la Unidad Fiscal acreditó que Ortega Serrano pagó dádivas a un juez y a su secretario —ambos aún pendientes de juicio— para obtener beneficios ilegales para sus defendidos. Entre los hechos admitidos figura la concesión de prisión domiciliaria a César Daniel “Oreja” Martínez, imputado por tentativa de femicidio y asesinado en 2023; la anulación del requerimiento fiscal que evitó que esa causa fuera a juicio; y la liberación de Matías Ezequiel Chaile, hoy prófugo por atropellar y matar a una mujer y fugarse.
Las maniobras incluyeron además el acceso indebido a expedientes reservados. Ortega Serrano reconoció haber obtenido información sobre allanamientos, secuestro de celulares y declaraciones de testigos, datos que luego difundió vía WhatsApp para alertar a los investigados y torcer el rumbo de las pesquisas.
Martínez, por su parte, admitió haber recibido esos datos confidenciales vinculados a la causa por el crimen de su hermano “Oreja” Martínez. Con esa información, borró contenido de sus dispositivos, intervino ante testigos e hizo circular detalles sensibles que estaban bajo estricta reserva.
El rol de Alderete quedó establecido como el de intermediario entre el abogado y el magistrado involucrado, facilitando el pago de las coimas que destrababan los beneficios procesales.
Los tres condenados llegaron al debate bajo la modalidad de juicio abreviado, tras haber pasado un año y dos meses con prisión preventiva por riesgo de fuga y entorpecimiento de la investigación.
El caso aún no está cerrado. Falta juzgar al ex juez Parisi —ya destituido de su cargo de Garantías y actualmente detenido— y al secretario letrado que está bajo arresto domiciliario.
Ambos optaron por un juicio oral y público, donde se ventilará el tramo más sensible de una trama que golpea de lleno la credibilidad del sistema judicial salteño.
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