Martes 02 de Diciembre de 2025, 09:28

El defensor del pueblo, Eduardo Cobos, abrió una actuación de oficio por los masivos cortes de energía en Tucumán
La Defensoría del Pueblo de Tucumán inició una actuación de oficio tras los extensos cortes de energía registrados entre la noche del jueves 20 y el viernes 21 de noviembre, que afectaron a decenas de miles de usuarios en toda la provincia. La medida fue dispuesta por el defensor del Pueblo,
Eduardo Cobos, ante lo que calificó como “graves inconvenientes” en el suministro eléctrico.
Según informó el organismo, desde hace años se vienen advirtiendo a la empresa distribuidora EDET y al Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) sobre el deterioro del tendido eléctrico, incluyendo cientos de postes en mal estado tanto en áreas urbanas como rurales. A pesar de estas advertencias,
la infraestructura volvió a mostrar falencias frente a condiciones climáticas que, según la Defensoría, no deberían haber representado un riesgo significativo.Ráfagas de viento cercanas a los 70 km/h durante el fin de semana previo desencadenaron la caída de postes y cortes de cables en toda la provincia. El organismo recordó que los estándares para postes de madera contemplan resistencia a vientos de hasta 120 km/h. Equipos de la Defensoría desplegados en el territorio constataron múltiples daños y cortes prolongados del servicio.
Las estimaciones iniciales indican que más de 50 localidades fueron afectadas, con más de 600 incidentes reportados y un impacto que habría alcanzado a más de 60.000 familias, especialmente en el este provincial, lo que representa aproximadamente un tercio del territorio.Ante esta situación,
la Defensoría solicitó a EDET informes actualizados sobre los cortes, los tiempos de reposición y el estado del tendido en las zonas afectadas. Para Cobos, lo ocurrido “vuelve a poner en evidencia” que la empresa no estaría cumpliendo con las obligaciones previstas en el contrato de concesión, lo que refuerza —señaló— la necesidad de una revisión integral, especialmente en vísperas de la próxima Revisión Tarifaria Integral (RTI).El defensor
también cuestionó la efectividad del régimen actual de multas. Afirmó que una sanción hipotética de 100 millones de pesos “resulta irrisoria” frente a los perjuicios sufridos por más de 60.000 familias, considerando que los usuarios ya abonan el mantenimiento de la red. En contraste, recordó que la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor prevé sanciones de hasta 2.100 canastas básicas, unos 2.680 millones de pesos, monto que —según el organismo— tendría un impacto verdaderamente disuasivo.
Finalmente, la Defensoría reiteró que, en los casos donde los daños sufridos por los usuarios deriven de negligencia o impericia por parte de la empresa,
EDET debe resarcir de manera adecuada y específica a los damnificados.
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