Presentan un proyecto para sancionar a padres por violencia o acoso escolar en Tucumán
Martes 02 de Diciembre de 2025, 09:51
El proyecto plantea multas y tareas comunitarias para adultos que incumplan sus deberes de supervisión cuando sus hijos participen en agresiones.La legisladora peronista Maia Martínez presentó un proyecto de ley que busca imponer sanciones contravencionales a padres o tutores de alumnos que incurran en conductas violentas dentro de las escuelas en Tucumán. La iniciativa, que incorpora un nuevo capítulo a la Ley 5.140, propone multas y tareas comunitarias para los adultos que no cumplan con sus deberes de acompañamiento y supervisión cuando sus hijos participen en episodios de agresión escolar.
El proyecto crea el “Capítulo V: Contravención por responsabilidad parental en el ámbito escolar”, que establece sanciones para los progenitores que, tras ser notificados por las autoridades educativas o de protección de la infancia, no colaboren, no adopten medidas preventivas o no reparen los daños ocasionados. Las multas irían desde el equivalente a 450 hasta 1.500 litros de nafta premium, además de posibles tareas educativas o comunitarias por hasta 30 días.
La propuesta detalla que las obligaciones de los adultos están definidas en la Ley Provincial de Educación, que exige participar en actividades escolares, acudir a las convocatorias y garantizar que los hijos cumplan las normas de convivencia institucional.
La escuela será la primera instancia de intervención, aplicando el Protocolo de Situaciones Escolares Complejas. Si los padres no responden o incumplen acuerdos previos, el caso pasará al Juzgado Contravencional. El dinero recaudado por las multas será destinado al Fondo Educativo Provincial para programas de prevención y asistencia en conflictos escolares, además de apoyo a bibliotecas populares.
El texto también contempla excepciones para adultos privados o suspendidos de la responsabilidad parental, quienes no tengan el cuidado personal del menor o quienes estén alcanzados por medidas judiciales que limiten su intervención.
La propuesta surge tras el reciente ataque a una niña de 13 años en una escuela de Alderetes, hecho que reavivó el debate sobre el rol del Estado y las familias en la prevención de la violencia escolar. El gobernador Osvaldo Jaldo sostuvo que la responsabilidad debe ser compartida y remarcó que el sistema educativo no puede controlar por sí solo lo que sucede con todos los estudiantes. “Necesitamos la ayuda del papá y de la mamá. Esto hay que resolverlo desde la casa”, afirmó.
En la misma línea, la ministra de Educación Susana Montaldo señaló que el control cotidiano recae en las familias y advirtió sobre señales preocupantes en adolescentes, como consumos problemáticos, adicción al juego y un “índice de suicidios importante”. Recordó además que más de 600 escuelas trabajan con programas de mediación y prevención.
El proyecto de Martínez ingresa en un contexto marcado por peleas entre estudiantes, agresiones graves y casos de bullying que derivaron en intentos de suicidio. Según la legisladora, el objetivo es fijar una responsabilidad concreta para los adultos cuando haya “culpa o falta de cooperación”, quedando cada situación sujeta a evaluación contravencional.
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