Martes 02 de Diciembre de 2025, 19:50

Una licencia de conducir de Lorena Villaverde de cuando vivía en la Florida.
La senadora electa de Río Negro, María Lorena Villaverde, afrontó en Estados Unidos un proceso por narcotráfico que incluyó detención, condena, prisión federal, la anulación de su juicio y una posterior excarcelación.
Tras regresar a la Argentina, el caso quedó paralizado durante más de 14 años, hasta que en 2017 la Fiscalía del estado de Florida retiró formalmente los cargos por el tiempo transcurrido sin avances, según consta en el expediente “USA v. Restrepo, et al”.
Villaverde —diputada desde 2023 y aún impedida de asumir su banca en el Senado por cuestionamientos opositores— nunca explicó con precisión su situación judicial en Estados Unidos. Ante consultas de LA NACION, dijo estar atravesando “un momento complejo”, pero no respondió el cuestionario enviado.
Desde su entorno insisten en que “no tuvo estupefacientes en su poder” y que se trató de “una historia desgraciada”, sin obstáculos legales actuales para su asunción.Detención y acusación
El caso comenzó el 15 de julio de 2002, cuando Villaverde, entonces de 28 años y residente en Florida desde 1999, fue detenida en Sarasota. La acusaron de traficar más de 400 gramos de cocaína junto al colombiano Fabio Restrepo y el cubano Jesús Ferrer. Vivía en Miami-Dade, trabajaba en una boutique y contaba con licencia de conducir y número de Seguridad Social.

La acusación contra Villverde
Dos días después, la Fiscalía formalizó los cargos
: distribución de drogas y conspiración para distribuir narcóticos, delitos con penas máximas de 20 años. La jueza Mary Scriven fijó una fianza de US$50.000, y Villaverde se declaró no culpable. El juicio fue programado para septiembre, pero el proceso se fue modificando.
En paralelo, Restrepo y Ferrer negociaron con los fiscales y se declararon culpables.
En octubre de 2002 comenzó el juicio contra Villaverde, encabezado por el juez William Castagna. Tras la selección del jurado y dos días de audiencias,
el 18 de octubre fue hallada culpable de ambos cargos y quedó detenida inmediatamente.Villaverde reaccionó rápido: pidió un nuevo juicio y recuperar la libertad. El juez accedió parcialmente, anuló el veredicto y fijó un nuevo juicio para noviembre, pero rechazó excarcelarla. La Fiscalía, en tanto, pidió el decomiso preliminar de US$17.000 vinculados al caso.
En enero de 2003, la defensa solicitó una pena menor a la prevista en las guías federales, alegando circunstancias especiales.
Ese pedido quedó bajo secreto, una medida que suele aplicarse cuando el acusado colabora con el gobierno o teme represalias.Excarcelación, fuga y regreso a la Argentina
En algún momento de 2003, Villaverde obtuvo la excarcelación, aunque los registros no precisan la fecha. Luego incumplió las condiciones de su libertad: el 14 de marzo, la autoridad supervisora pidió su detención, y el juez emitió una nueva orden de arresto.
Desde entonces quedó en condición de fugitiva.
Restrepo y Ferrer sí fueron condenados: el primero recibió dos años (luego reducidos a 18 meses por “ayuda sustancial”), y el segundo casi cuatro años de prisión. Ambos cumplieron sus penas en cárceles federales.
Villaverde, en cambio, volvió a la Argentina y se instaló primero en Tigre, donde se casó y luego se divorció en medio de denuncias cruzadas. Más tarde se mudó a Río Negro, donde consolidó vínculos políticos, entre ellos con Claudio Ciccarelli, allegado al empresario condenado por narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Ciccarelli y Villaverde, en la Cámara de Diputados
Con Villaverde fuera de Estados Unidos y sin perspectivas de captura,
la causa quedó congelada durante años. Recién
el 24 de agosto de 2017, la Fiscalía pidió retirar los cargos debido al extenso tiempo sin avances. La jueza Scriven aceptó al día siguiente. En 2019, el tribunal informó que las evidencias vinculadas a la exacusada fueron destruidas al no haber sido reclamadas. /
La Nación
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