Viernes 05 de Diciembre de 2025, 19:03

El estafador compraba entradas para recitales en el teatro Mercedes Sosa.
La Justicia tucumana avanza en una investigación por estafas digitales vinculadas al uso de tarjetas de crédito ajenas para adquirir entradas a espectáculos en el Teatro Mercedes Sosa. Este viernes 5 de diciembre se llevó a cabo una audiencia multipropósito en el marco de la causa que tramita la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, a cargo de Diego Hevia.
Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Natalia Carabajal detalló el accionar del imputado,
quien habría utilizado reiteradamente datos de tarjetas de crédito que no le pertenecían para comprar tickets, retirarlos en boletería y asistir a recitales, generando un perjuicio económico a la firma comercializadora.Según la investigación, el 9 de abril de 2024, alrededor de las 13:15,
el imputado realizó una compra online en la plataforma del Teatro Mercedes Sosa utilizando una tarjeta de crédito ajena. Adquirió cuatro entradas para el espectáculo de La Barra por más de $67.000.
Al día siguiente, el 10 de abril, se presentó en la boletería del teatro para retirar los tickets físicos, firmó el cupón correspondiente y acreditó su identidad con su DNI. Tiempo después, el 9 de mayo, el titular legítimo de la tarjeta desconoció la operación ante la entidad emisora, lo que derivó en la revocación del pago y causó un perjuicio económico a la empresa encargada de las ventas.
La maniobra se habría repetido el 25 de mayo de 2024, cuando, cerca de las 23:22, el imputado volvió a ingresar al sistema online del teatro y, con otra tarjeta ajena, compró seis entradas para el show de LBC y Eugenia Quevedo por más de $114.000.El 28 de mayo, a las 12:32, retiró los tickets en boletería, repitiendo el mismo procedimiento: firma del cupón y presentación de su DNI. Luego, el 12 de junio, el verdadero titular de esa tarjeta también desconoció la operación, lo que produjo un nuevo perjuicio patrimonial.
Medidas de coerciónFrente a estos hechos y ante el riesgo procesal, el Ministerio Fiscal solicitó la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por seis meses, para garantizar la sujeción del imputado al proceso y evitar entorpecimientos en la investigación.
Tras evaluar los argumentos y las pruebas presentadas, la jueza interviniente hizo lugar al pedido del MPF y ordenó la aplicación de las medidas solicitadas por el plazo requerido.
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