Policías procesados por usar presos como albañiles se convierten en testigos estrellas hundiendo a su ex jefe
Domingo 07 de Diciembre de 2025, 11:38
ARRESTO DOMICILIARIO. Los uniformados fueron beneficiados con el traslado, aunque siguen imputados como parte de la trama que usó a detenidos para construir la casa de descanso de un comisario en El Cadillal.La investigación por el presunto uso de condenados para construir la vivienda de un comisario en El Cadillal dio un giro decisivo en las últimas horas, luego de que los dos policías imputados por su participación en la maniobra declararan ante la Justicia y aportaran información considerada clave por la Fiscalía. Aunque pasaron a desempeñar un rol central como testigos en la causa, la acusación en su contra no fue modificada y continúan formalmente procesados, ahora bajo la modalidad de arresto domiciliario por razones de seguridad.
De acuerdo con la investigación, la maniobra se habría sostenido durante al menos cuatro meses. Los condenados dormían de lunes a viernes en la base de Infantería de la Unidad Regional Norte y los fines de semana eran trasladados a distintas comisarías, incumpliendo el régimen de alojamiento y custodia.
Por estos hechos, y a pedido del Ministerio Público Fiscal, el juez Eduardo González dictó prisión preventiva por seis meses contra Beltrán —quien fue dado de baja mediante un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo— y contra los sargentos Luis Trejo y Osvaldo Teseira, medida que luego fue reducida a cuatro meses tras una audiencia de impugnación.
Beltrán quedó imputado por peculado de uso y de servicio en concurso real, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsificación de instrumento público, como autor y coautor según el hecho. En el caso de Trejo y Teseira, la acusación es por peculado en carácter secundario, en concurso real con falsificación de documentos públicos, en perjuicio de la administración y de la fe pública. La defensa original, a cargo de Augusto Avellaneda, había impugnado la resolución.
Sin embargo, durante la audiencia de revisión desarrollada el lunes pasado comenzó a delinearse un nuevo escenario. Los sargentos designaron como defensora a Julieta Jorrat, quien desistió del recurso presentado y anunció la decisión de sus asistidos de declarar ante la Justicia. Desde ese momento, ambos comenzaron a aportar detalles que no solo comprometieron a Beltrán, sino que también extendieron el foco de la investigación hacia otros integrantes de la estructura policial.
Aunque sus testimonios permanecen bajo reserva, fuentes judiciales revelaron que ambos policías aseguraron haber realizado las tareas en la vivienda del ex jefe de la URN sin recibir ningún tipo de pago adicional y bajo amenazas de sanciones o traslados si se negaban a cumplirlas. También indicaron que tenían prohibido hablar del tema. Además, señalaron a la suboficial Claudia Paz, secretaria de Beltrán, como la encargada de impartir las órdenes y coordinar los trabajos.
Los declarantes también brindaron precisiones sobre el manejo de los condenados utilizados en las obras. Según sus dichos, los penados eran retirados de la base de Infantería sin esposas ni custodia, situación que podría agravar la situación procesal de los responsables de esa división, entre ellos los oficiales Roberto Edim Nasser, Germán Russo y Nelson Aragón. A esto se sumó la afirmación de que la comisaria Fabiana Villagrán, vinculada al área de Recursos Humanos de la URN, y el entonces segundo jefe Sergio Juárez —también dado de baja— conocían las tareas que se realizaban.
Las declaraciones incluyeron además otros datos sensibles, como el uso de móviles policiales para trasladar a la hija de Beltrán a clases y el presunto aprovechamiento de recursos oficiales para beneficiar a personas del entorno del ex comisario. Parte de esta información, según trascendió, podría desembocar en nuevas imputaciones.
Ante el riesgo que podrían enfrentar los dos policías por haber declarado, la defensora Jorrat solicitó medidas de protección y pidió que la prisión preventiva se cumpla bajo arresto domiciliario. Tanto la fiscala Rivadeneira como el querellante por el Estado, José María Molina, acompañaron el planteo. El juez interviniente hizo lugar al pedido, ordenó la colocación de pulseras de seguimiento y dispuso controles personales, aunque exigió que se designe personal ajeno a la jurisdicción de la Unidad Regional Norte para evitar conflictos.
Mientras tanto, la causa continúa en plena etapa investigativa. Aunque por el momento hay solo tres procesados, en el Ministerio Público no descartan que el número de involucrados ascienda significativamente. Al menos una docena de policías se encuentran en situación de disponibilidad, a la espera de que se defina su situación procesal, en un expediente que promete seguir sumando capítulos.
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