Martes 09 de Diciembre de 2025, 06:59

EN DEBATE. Los carreros reconocen la inconveniencia del uso de animales de tiro, pero piden que las alternativas a ofrecer sean viables, para no privarlos de su única fuente de ingresos.
El reclamo de legisladores de la oposición para que el Gobierno reglamente la Ley N° 9.810, que prohíbe la tracción a sangre en Tucumán, encendió una fuerte señal de alarma entre los carreros y trabajadores de la economía popular. La Federación Argentina de Carreros, Cartoneros y Recicladores (Faccyr), a través de su Regional Tucumán, difundió un comunicado en el que advirtió que este método de trabajo es el único sustento de numerosas familias y exigió que cualquier avance sobre la norma se realice mediante una transición justa, sin persecuciones ni sanciones que profundicen la exclusión social.
Desde la organización manifestaron su acuerdo en avanzar hacia nuevas formas de movilidad y trabajo que eliminen el uso de animales, pero rechazaron que la reglamentación se transforme en una herramienta punitiva contra quienes hoy viven de la tracción a sangre. En ese sentido, remarcaron que antes de prohibir es necesario reconocer formalmente a los trabajadores de la economía popular, a quienes definieron como actores clave del día a día del mercado interno.
La Faccyr sostuvo que no buscan beneficios especiales, sino políticas concretas de reconocimiento, acceso al trabajo, capacitación y alternativas reales. Advirtieron que el decomiso de carros, la aplicación de multas o la persecución sin soluciones de fondo sólo empuja a más familias a la pobreza. “Detrás de cada carro hay una historia de lucha y de trabajo. Nadie elige esta realidad por gusto”, señalaron, al tiempo que insistieron en que erradicar la tracción a sangre puede ser un objetivo, pero no a costa de prácticas que consideran injustas e inhumanas.
La polémica se intensificó luego de que ingresara en la Legislatura provincial un proyecto de resolución firmado por los legisladores José Cano, Silvia Elías de Pérez y Alfredo “Freddy” Toscano, mediante el cual se solicita al Poder Ejecutivo que reglamente la ley sancionada en abril de 2024. La norma establece un plazo de un año desde su entrada en vigencia para implementar capacitaciones que faciliten la transición hacia prácticas no violentas.
Al fundamentar la iniciativa, Cano cuestionó la falta de reglamentación y sostuvo que esa omisión implica, en los hechos, un “doble derecho de veto” que vulnera principios constitucionales y bloquea la voluntad legislativa. Además, señaló que en la provincia se registran a diario casos de animales muertos en calles y rutas, atribuyendo esa situación al maltrato y a la ausencia de políticas estatales efectivas.
Desde la Faccyr, la referente local Úrsula López reconoció que existen situaciones de maltrato animal, pero advirtió que no representan a la mayoría del sector. Aseguró que muchos carreros cuidan a los animales como parte de su familia y subrayó que el carro es, para ellos, la única vía de sustento. En ese contexto, denunció que ya hay trabajadores que no pueden salir a recolectar por miedo a la persecución y que enfrentan serias dificultades para garantizar la comida diaria de sus hogares.
López estimó que solo en San Miguel de Tucumán podría haber alrededor de 250 carreros, aunque admitió no contar con cifras precisas a nivel provincial. Recordó además que durante el debate legislativo del año pasado, el legislador Hugo Ledesma, impulsor de la ley, había calculado que en Tucumán existen unos 1.500 carros tirados por animales.
La dirigente también señaló que mantuvieron conversaciones con autoridades provinciales para buscar alternativas que permitan retirar a los animales de los carros sin dejar a los trabajadores sin empleo. Sin embargo, advirtió sobre las falencias de algunas propuestas. “¿De qué sirve entregar un motocarro a una persona que no sabe leer ni escribir si después no puede sacar el carnet de manejo?”, planteó. Contó además que en una planta de reciclado cuentan con algunas tricicletas para recolectores urbanos, aunque reconoció que dos de ellas fueron robadas.
Finalmente, desde la organización no descartaron profundizar las protestas si se avanza con la reglamentación sin contemplar una solución integral para el sector. El proyecto de resolución que reavivó el debate ya fue girado a la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura, donde comenzará su tratamiento en un clima de creciente tensión social y política.
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