Sábado 27 de Diciembre de 2025, 12:17
En un escenario de máxima fricción internacional, el Gobierno de Venezuela ejecutó una medida de distensión al liberar a 99 personas que permanecían arrestadas tras las protestas por los resultados electorales de julio de 2024. Según el Ministerio para el Servicio Penitenciario, la decisión se tomó tras una evaluación minuciosa realizada "caso por caso" por el Sistema de Justicia. No obstante, la organización Foro Penal mantiene cautela sobre las cifras oficiales; sus directivos, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, confirmaron hasta el momento la salida efectiva de 45 ciudadanos.Esta liberación masiva, la más significativa en lo que va del año, ocurre en un contexto donde la presión externa no cesa. A pesar del gesto, los organismos de derechos humanos advierten que la problemática está lejos de resolverse: al 20 de diciembre, Foro Penal registraba todavía 902 presos políticos en las cárceles venezolanas. Desde la oposición y ONGs como Provea, se denuncia que el país atraviesa una etapa de "represión quirúrgica" destinada a desarticular cualquier foco de disidencia interna.
El contraataque legislativo del chavismoEn paralelo a las excarcelaciones, la Asamblea Nacional, de amplia mayoría oficialista, sancionó un paquete de leyes que endurecen drásticamente las penas contra quienes apoyen las acciones de Estados Unidos. La nueva normativa establece castigos de hasta 20 años de cárcel para cualquier ciudadano que, desde suelo venezolano, promueva o respalde la campaña militar de Washington, la cual ya ha dejado un saldo de más de un centenar de muertos en incidentes navales y la confiscación de buques petroleros.
Oscar Murillo, coordinador de Provea, explicó en diálogo con TN que esta maniobra forma parte de una estrategia mayor: “Desde 2024 hemos tenido también una represión jurídica, es decir, se ha reforzado una arquitectura legal contraria a los principios de la Constitución para profundizar el clima de represión interna, inhibir la crítica, acallar las voces disidentes y evitar a toda costa que la gente hable del conflicto político”.
Complementariamente, el Parlamento aprobó la "Ley de Protección de las Libertades de Navegación y Comercio", una respuesta directa a la incautación de crudo por parte de las fuerzas norteamericanas. El texto es implacable: cualquier conducta que favorezca bloqueos, espionaje marítimo o intercepción de naves "será sancionada con prisión de 15 a 20 años", además de imponer multas de 1,2 millones de dólares y la expropiación total de bienes personales. Con este blindaje, Caracas busca neutralizar el apoyo interno a la estrategia de asfixia económica que lidera la Casa Blanca. /
C5N