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Fin de la intervención en Vicentin: la Justicia restituye el control a sus nuevas autoridades
Sábado 27 de Diciembre de 2025, 13:50
Esta resolución es la consecuencia directa de la homologación de la propuesta de salvataje (cramdown) presentada por la firma Grassi SA, la cual fue formalizada el pasado 18 de diciembre tras obtener el respaldo de los acreedores. Para Lorenzini, este escenario permite devolver a la empresa a un estado de “normalidad empresaria largamente postergada”, trazando un horizonte de salida para la crisis de insolvencia que la firma arrastraba desde fines de 2019.
Si bien la última asamblea de accionistas de octubre había designado un directorio encabezado por Mario Pietropaolo, el nuevo escenario tras la compra del paquete accionario por parte de Grassi SA redefine el mando. Mariano Grassi, quien se proyecta como el futuro presidente de la denominada “Nueva Vicentin”, confirmó que el directorio designado por su grupo inversor será el encargado de ejecutar el plan de negocios que garantice la continuidad de las plantas industriales y la terminal portuaria.
Juez Fabián Lorenzini
Pese a la restitución plena de las facultades al directorio, el juzgado estableció un mecanismo de control preventivo. Los exinterventores, el contador Andrés Shocron y el abogado Guillermo Nudemberg, permanecerán en sus cargos bajo la figura de veedores y consultores técnicos hasta el 31 de marzo de 2026. Durante este trimestre, supervisarán la ejecución del acuerdo concordatario, aunque ya no tendrán injerencia en la representación legal ni en la administración diaria.
El legado de la intervención
La intervención judicial, iniciada el 22 de abril de 2025, fue una medida de emergencia para evitar la liquidación de una empresa que se encontraba en acefalía, con salarios impagos y deudas posconcursales en aumento. Durante estos ocho meses, la gestión de Shocron y Nudemberg se centró en regularizar la situación laboral de los empleados y mantener la infraestructura mínima operativa.
A partir del próximo lunes, todas las decisiones financieras y comerciales volverán a ser competencia exclusiva del directorio, rigiéndose por la Ley General de Sociedades y el estatuto vigente. El fin de la tutela judicial representa no solo un alivio institucional para la firma de Reconquista, sino también una señal de estabilidad para el complejo agroindustrial argentino, que observa con atención la ejecución del plan de rescate liderado por el Grupo Grassi. /TN