A partir de enero, Jaldo congela los nombramientos en todas las oficinas del Poder Ejecutivo

Martes 30 de Diciembre de 2025, 15:56

El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso el congelamiento de los nombramientos y contrataciones en todos los organismos dependientes del Poder Ejecutivo a partir del 1 de enero de 2026. La medida fue establecida mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que prohíbe nuevas designaciones de personal y la celebración de contratos bajo relación de empleo público.

La decisión se enmarca en la prórroga de la emergencia económica y social, prevista en la Ley N° 9.945. A través del DNU Nº 1.113 (MEyP), firmado el 23 de diciembre, el Ejecutivo provincial fijó una serie de restricciones administrativas y financieras que regirán por un plazo de dos años, con posibilidad de extensión. El decreto fue remitido a la Legislatura el 29 de diciembre.

Las restricciones alcanzan a todos los organismos centralizados, autárquicos y descentralizados del Ejecutivo, incluso a aquellos que cuentan con autonomía financiera pero requieren aportes del Estado para afrontar gastos de funcionamiento o el pago de salarios. El texto sostiene que las disposiciones son de carácter “transitorio, excepcional y proporcionado” y apunta a contener el gasto público, optimizar los recursos humanos existentes y adecuar los compromisos financieros a la disponibilidad real de fondos.

El DNU establece la prohibición de realizar nuevas designaciones de personal, cualquiera sea la modalidad, y de celebrar contrataciones bajo relación de empleo público. No obstante, contempla excepciones en casos considerados estrictamente necesarios para garantizar la continuidad de funciones esenciales. En esos supuestos, las incorporaciones deberán ser solicitadas a través del Ministerio de Economía y Producción, a cargo de Daniel Abad, y contar con fundamentos debidamente justificados.

Quedan exceptuadas de la prohibición las renovaciones de contratos vigentes y las designaciones a término del personal que ya se encuentre prestando servicios, siempre que resulten indispensables para el funcionamiento de áreas críticas del Estado.

En paralelo, el decreto habilita la reasignación transitoria de agentes entre distintas dependencias, sin que ello implique modificaciones en el cargo, el escalafón ni la remuneración. La medida busca una utilización más eficiente del personal disponible, sin generar un incremento del gasto.

En materia salarial, el DNU dispone que cualquier mejora o aumento de haberes que suponga la creación de nuevos conceptos remunerativos deberá contar con autorización previa del Poder Ejecutivo. En caso de incumplimiento, los funcionarios que dispongan incrementos no autorizados serán responsables personalmente y deberán reintegrar los montos abonados, además de quedar sujetos a eventuales sanciones administrativas y judiciales.

Entre los fundamentos, el Ejecutivo remarcó la necesidad de garantizar una administración responsable de los fondos públicos, preservar el equilibrio fiscal y asegurar el pago puntual de los salarios del sector público, así como el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de la Provincia.

La norma también faculta al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán, conocido como Subsidio de Salud, a reasignar la totalidad de sus recursos cuando requiera asistencia financiera del Ejecutivo, con el objetivo de optimizar el gasto.

Finalmente, el DNU invita a adherir a sus disposiciones a los poderes Legislativo y Judicial, al Tribunal de Cuentas, la Defensoría del Pueblo, los ministerios Público Fiscal y Pupilar y de la Defensa, así como a las municipalidades de la provincia. El decreto fue firmado por el gobernador, el ministro de Economía y Producción y la totalidad del gabinete provincial.

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