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Policías santiagueños en la mira por vender celulares incautados y ceder información a prestamistas
Miércoles 31 de Diciembre de 2025, 07:37
Una investigación judicial que sacude a la División de Ciberseguridad de Santiago del Estero sumó en las últimas horas revelaciones que profundizan las sospechas sobre el accionar de dos de sus funcionarios, acusados de comercializar teléfonos celulares secuestrados y de utilizar información confidencial con fines ilícitos.
Mientras la Justicia analiza si concede la eximición de prisión solicitada por el subcomisario Ezequiel Guzmán y el oficial subinspector Nahuel Flekenstein Díaz, ambos pasados a disponibilidad preventiva, la pesquisa avanza con nuevas pruebas que comprometerían aún más su situación procesal.
La causa, que se encuentra bajo la órbita de la fiscal Erika Leguizamón, titular de la Unidad de Delitos Institucionales, se apoya en un minucioso trabajo de contrainteligencia llevado adelante por la propia Jefatura de Policía.
A partir del análisis del sistema de cámaras internas de la dependencia, los investigadores detectaron que Guzmán, quien se desempeñaba como segundo jefe del área, recibía en su despacho a personas ajenas a la institución, una conducta que encendió las alarmas y dio impulso a nuevas líneas de investigación.
El seguimiento de las imágenes y las tareas de identificación permitieron establecer la identidad de varios de esos visitantes. Según fuentes judiciales y policiales, se trataría de prestamistas conocidos en el ambiente de la usura, lo que abrió una hipótesis aún más delicada: la posible utilización de bases de datos oficiales de acceso restringido con fines comerciales.
Los investigadores sospechan que Guzmán, aprovechando su rol y sus credenciales funcionales, habría accedido a información sensible proveniente de sistemas como RENAPER, Riesgo Online, Sicof e incluso registros vinculados a entidades bancarias.
De acuerdo con la teoría que maneja la acusación, esos datos habrían sido “vendidos” a terceros, permitiendo a los usureros identificar potenciales clientes y evaluar su situación financiera. Este presunto tráfico de información se suma a la acusación inicial por la venta irregular de teléfonos celulares que se encontraban bajo custodia policial, elementos que formaban parte de causas judiciales y que jamás debieron salir del circuito legal.
En este contexto, la investigación no se detiene. La fiscalía analiza citar a declarar a las personas identificadas en los registros fílmicos y no se descarta que surjan nuevas imputaciones a medida que se profundice el análisis de la evidencia recolectada.
Mientras tanto, la definición sobre la situación procesal de los dos funcionarios acusados podría producirse en las próximas horas, en una causa que ya genera fuerte impacto institucional y vuelve a poner bajo la lupa los mecanismos de control interno dentro de las fuerzas de seguridad.