2'
Un ex intendente santiagueño padre de una diputada nacional fue condenado por malversación
Miércoles 31 de Diciembre de 2025, 08:16
El Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero condenó al ex intendente de Pinto, Emilio Rached, a tres años de prisión de ejecución condicional y a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al hallarlo culpable de malversación de caudales públicos, peculado y abuso de autoridad.
El fallo puso fin a un extenso juicio en el que se acreditó el desvío de recursos nacionales asignados a obras públicas y programas de fortalecimiento comunitario en esa ciudad.
La sentencia, dictada tras varios meses de debate oral, determinó que Rached utilizó de manera irregular fondos remitidos por la Secretaría de Infraestructura Urbana del entonces Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación.
Esos recursos estaban destinados a mejorar la infraestructura básica y a impulsar acciones de desarrollo barrial, pero fueron apartados de su finalidad original durante su gestión municipal.
Durante el proceso, la fiscalía había solicitado una pena mayor —cuatro años y seis meses de prisión— en función del rol de máxima responsabilidad que ocupaba el acusado y de su trayectoria política.
También requirió, como finalmente dispuso el tribunal, la inhabilitación perpetua para ejercer funciones públicas, al considerar probado el uso indebido de fondos bajo su administración.
El fallo se inscribe en un contexto político sensible: Rached es uno de los fundadores del espacio Despierta Santiago, fuerza en la que militan dirigentes provinciales y cuya gravitación fue mencionada durante el juicio.
En ese marco, se aludió a vínculos políticos y familiares, entre ellos la situación de su hija, Luciana Rached, diputada provincial por ese espacio y señalada en investigaciones paralelas por la presunta adjudicación irregular de una vivienda social.
Con la condena, el tribunal dejó firme la responsabilidad penal del exjefe comunal por haber vulnerado la confianza pública y las normas que rigen la administración de recursos estatales.
La decisión judicial marca un precedente en materia de control del uso de fondos públicos y cierra una causa que expuso irregularidades en la ejecución de políticas de infraestructura en el interior santiagueño.