"El Ratita es más barato que el banco": historias sobre Falivene y otros nenes que se repartían obras con Alperovich
Viernes 21 de Septiembre de 2018, 16:01
Alperovich con empresarios de la construcciónEl 11 de agosto de 2005, el Gobierno nacional firmó un convenio con las provincias por el lanzamiento del programa federal plurianual de construcción de viviendas. El gobernador José Alperovich fue en representación de Tucumán. Con ese contrato, la provincia construiría 10 mil viviendas, de 50 mil pesos cada una. La cifra final, 500 millones de pesos por viviendas de 55 metros cuadrados. Eso representaba el 3,3 por ciento de la inversión a nivel nacional.
Ante la mala relación de otros gobernadores con la Nación, Kirchner citó a los mandatarios afines para redistribuir los cupos de viviendas. Ni lento ni perezoso, Alperovich dijo que tenía los terrenos para edificar. Así surgió uno de los proyectos más polémicos y emblemáticos de la provincia: Lomas de Tafí.
El gobernador subdividió la obra debido a que las empresas ya tenían bastante trabajo en general. Así las cosas, las viviendas se construyeron en 10 sectores (una cada empresa); y las obras de infraestructura en tres.
“Como no había diez empresas con capacidad para hacer estas obras, se acudió a razones de urgencia para evitar la licitación y repartirla entre las empresas amigas”, recordó un constructor.
Si bien el convenio recomendaba la licitación pública, dejaba abierta la posibilidad para que las obras se adjudicaran mediante “compulsa pública de precios”. La única condición era que hubiera al menos tres oferentes.
Las empresas que quedaron involucradas en la construcción de estas viviendas fueron: Omodeo; Batcon SA (de los hermanos Fernando y Guillermo Battig); VHA (de Domínguez); CEG (Clemente Ernesto Guerineau); Falivene Construcciones (Juan Falivene); Dakar (Cristian y Daniel Mafud); Tawe (de Kauffman); Gama (Jorge Garber, sería primo de Alperovich); Viluco SA (Daniel Lucci), y Horbet.
Las obras de infraestructura quedaron en poder de Ingeco (Katz —dueño de la casona que alquilaba Bussi en Yerba Buena cuando era gobernador y ex socio de Natalio Mirkin, padre del secretario de Obras Públicas—); Helpa (Pasquini); Invialco (Alberto Mafud); Alpre (Manuel “Cococho” Alvarez), y Sebastian Calleri.
Al poco tiempo, fue el interventor del Instituto de la Vivienda quien apareció como negociador entre las empresas y el Gobierno. Según empresarios, las comisiones pasaron al cinco y seis por ciento para las obras de vivienda, y al 12 y 13 por ciento para las de infraestructura. La obra de Lomas de Tafí estuvo mucho tiempo paralizada por una demanda en la Justicia Federal sobre el presunto sobreprecio de las casas.
Luego que Durán adjudicara las viviendas, las empresas esperaban el anticipo de obra para iniciar los trabajos. El envío de fondos no llegaba y, según un empresario, “ocurrió lo mismo que en el caso anterior: el apriete con los anticipos”. Es decir, las empresas que ponían el porcentaje, recibían el dinero.
El mismo Durán solía ir a ver cómo avanzaban las obras. A veces intercedía ante los inspectores que habían sido contratados por el instituto y les pedía que certificaran avances mayores que los que se habían hecho.
Un inspector, cansado de las presiones, le dijo al interventor: “Yo me hago cargo de lo que firmo. Si usted quiere que el certificado diga que se construyó más de lo que se hizo, fírmelo usted”.
El inspector renunció al organismo.
Cada vez que recordaba los pedidos de coimas, un empresario se brotaba de furia. “En este último año difícil que hemos pasado por la falta de pago, las empresas pagaban para cobrar primero. Cuando iban al Instituto de la Vivienda a buscar los certificados de obras, el Ratita Durán pedía entre el dos y el tres por ciento”, denunció.
“El Ratita es más barato que el banco”, les decía irónicamente Durán a los empresarios al recibirlos en su despacho.
Otra de las dificultades para las constructoras tenía que ver con la parte administrativa de las empresas. Los pagos de comisiones salían en efectivo y, por supuesto, no recibían un comprobante del gasto. Esto obligó a varias compañías a llevar una contabilidad paralela, para tener una idea certera de los números reales.
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