La empresa de López que arrancó con caña y tabaco y se volvió constructora

Lunes 20 de Junio de 2016, 13:14

EN LOS GUCHEA. El miércoles, el juez federal porteño Daniel Rafecas dispuso allanamientos en las propiedades que López posee cerca de Concepción.



Ya en 2013 la Oficina Anticorrupción de la Nación había analizado la situación de La Araceliti SA, la empresa que el detenido ex secretario de Obras Públicas del kirchnerismo, José Francisco López, posee en el poblado Los Guchea, a pocos kilómetros de Concepción. En aquella ocasión, el órgano había advertido al Poder Ejecutivo Nacional que debía abstenerse de contratar los servicios de la firma para evitar un posible conflicto de intereses, teniendo en cuenta el cargo público de López.

La OA tomó intervención en 2011, a partir de un planteo formulado por el diputado opositor Manuel Garrido. El ex referente del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) accionó contra el concepcionense luego de una denuncia pública del apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender. Este sugirió que La Araceliti SA habría sido contratada por el Estado, lo cual suponía una violación a la Ley de Ética Pública. Semanas después, Patricia Bullrich amplió la denuncia ante la OA. La actual ministra de Seguridad de la Nación consideró que era incompatible que un funcionario fuera dueño de una empresa habilitada “para obras viales, obras de arquitectura, obras mecánica y eléctricas, así como también servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas, y a su vez sea el responsable de la planificación, ejecución y supervisión de obras con fondos públicos”. Ocurre que, con el correr de los años, la empresa de López amplió su campo de acción y de actividades.

La Aracelitti SA se constituyó en 2006 para producir caña de azúcar y tabaco, y sus clientes principales eran los ingenios Trinidad y Corona. En aquella conformación, el paquete accionario de $ 12.000 se dividía en cuatro: los titulares eran López (40%), su mujer María Amalia Díaz (40%), Héctor Antonio López (10%) y Gustavo Enrique Menocal (10%), un compañero de escuela secundaria del ex funcionario. En 2008, la empresa fue habilitada para realizar construcciones viales y de arquitectura, obras mecánicas y eléctricas, y servicios de inspección, auditoría y supervisión de obras públicas. Curiosamente Menocal, “la pata tucumana” del emprendimiento de López, había sido designado en el Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi) el 15 de julio de 2009, lo que también fue denunciado por Bullrich. Llamativamente, dos días antes de esa designación, el 13 de julio, Menocal ya no aparecía como socio de La Araceliti SA.

Según las actuaciones que constan en los considerandos de la resolución Nº 364/13 de la Oficina Anticorrupción, ni López ni su esposa figuraban inscriptos como proveedores del Estado Nacional. La Araceliti SA, en tanto, no aparecía registrada ante la Inspección General de Justicia ni ante la Oficina Nacional de Contrataciones, pero sí en la Dirección de Personas Jurídicas de Tucumán. En su descargo, en 2012, el hoy detenido López negó haber sido proveedor “del Estado en jurisdicción provincial y municipal alguna ni haber celebrado contrato con ninguna de ellas”. En cambio, la OA sí concluyó que el objeto social de la Empresa, “por su amplitud incluye una serie de actividades que eventualmente podrían relacionarse con la actividad que desarrolla la Secretaría de Obras Públicas de la Nación y, por ende, quedar bajo la competencia funcional directa del señor López”. No obstante, al no tener registros de que haya sido contratada por el Estado, la OA concluyó que el “conflicto de intereses” denunciado por Garrido y por Bullrich era “hipotético”, por lo que sólo acabó por formular recomendaciones para que las autoridades eviten contratar a La Araceliti SA y a López, para que se abstenga de intervenir en cualquier asunto que ligue a su empresa, de la que es director suplente, con alguna repartición estatal.

La semana pasada, tras la detención de López, el juez federal Daniel Rafecas dispuso un allanamiento en la sede de la empresa, ubicada en Los Guchea, en lo que fue la casa materna del ex funcionario nacional.


Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/687034/politica/oficina-anticorrupcion-habia-puesto-ojos-sobre-araceliti.html