Funcionarios provinciales en la mira de la Justicia por la muerte de Erica
Jueves 09 de Julio de 2020, 08:23
EN LLAMAS. Los vecinos de la pequeña Érica exigieron que se haga justicia por la niña fallecida.El Código Penal establece que será acusado de este delito “el que pusiere en peligro la vida o la salud de otro, sea colocándolo en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido con prisión...”. Contempla tres tipos diferentes de condena y, en este caso, al haber terminado con una muerte, si fueran encontrados culpables, les correspondería una pena que va de los 5 a los 15 años de prisión.
El viernes por la mañana, la niña fue llevada al hospital Avellaneda, pero ya estaba sin vida. Los médicos sospecharon que podría tratarse de un caso de maltrato infantil y dieron aviso a las autoridades. La pequeña tenía golpes en todo el cuerpo, cicatrices de cortes y quemaduras, signos de haber sufrido torturas y gran parte de la cabellera arrancada a tirones.
A través de la autopsia, se determinó que Érica había sufrido un fuerte golpe en la cabeza dos o tres días antes, en principio, de parte de su abuelastra. Los habitantes del barrio ubicado en Catamarca al 1.900 confirmaron que la niña había sido víctima de malos tratos desde hacía varios meses. También explicaron que el jueves habían realizado una denuncia en la Dinayf para que la rescataran, pero que los funcionarios nunca aparecieron por el lugar.
Giannoni solicitó los informes del caso de la menor en la Dinayf. Según confirmaron fuentes judiciales, se demoraron en hacerlo porque no contaban con un escáner para digitalizar los papeles y le terminaron presentando fotocopias sin foliar y sin alguna firma que certificase su autenticidad. Si bien es cierto que solicitó que se les presente de manera correcta la documentación, con esos primeros papeles pudo avanzar con la investigación. Entre otras irregularidades, la fiscal estaría investigando tres puntos clave:
1- Los motivos por los cuales decidieron entregar a Érica y sus hermanas a sus abuelos, teniendo en cuenta que él había sido denunciado por violencia de género por su actual pareja y que la abuelastra tenía otro grave antecedente de violencia doméstica: la Justicia le había quitado la tenencia de una hija por malos tratos.
2- No existirían informes fehacientes de si la Dinaif realizó controles sobre el estado de la menor desde que fue entregada a sus abuelos. Por ese motivo, la fiscala indagará si la pequeña recibía al menos atención médica y si se habían iniciado los procesos para educarla.
3- En lo que será el dato más relevante de la investigación, la Dinaif confirmó que habían asistido a la pequeña luego de que los vecinos realizaron la denuncia por malos tratos. Con fecha 29 de noviembre, los profesionales del organismo supuestamente habían constatado que Érica estaba en riesgo, pero en vez de actuar en el acto (podían haberlo hecho por la gravedad de la situación), habrían solicitado al juez interviniente una medida cautelar, pero hasta el momento no se determinó si el planteo llegó antes de que la pequeña fuera asesinada de un golpe en la cabeza.
Los funcionarios del organismo se escudaron en cuestiones legales para informar sobre el trabajo que realizaron y adelantaron que todo lo documentado sería puesto en manos de la justicia.
Por otra parte, el titular de las fiscalías de Violencia de Género, Ignacio López Bustos confirmó que se abrió una causa por la denuncia que se realizó en octubre en la seccional 5ª, cuando dos personas llevaron a la pequeña a la dependencia policial para informarles que podría haber sido víctima de malos tratos.
La causa ingresó a la Unidad de Decisión Temprana el 24 de octubre. Desde esa oficina, que es dirigida por el fiscal Pedro Gallo, se solicitó a la Dinayf para que enviara un informe de la situación. Al no tener novedades, enviaron el expediente a la fiscalía de Violencia de Género I el 4 de noviembre. Desde esa oficina, se pidió a la Policía un informe socioambiental y otro al organismo estatal.
Según confirmaron fuentes judiciales, los policías habían advertido una situación de abandono de Érica, pero no malos tratos. Insistieron con la Dinayf que, después de varias intimaciones, presentó el escrito recién en febrero. Como el trabajo no detallaba ninguna gravedad, se decidió archivar la causa, dijo una fuente.
El organismo, según confirmaron varias fuentes judiciales, tiene una importante mora en la entrega de los informes. Por ejemplo, cada vez que la fiscalía especializada en Delitos Sexuales les pide colaboración, la demora es de al menos una semana porque se lo intima a que cumpla con la tarea. López Bustos informó que entre las dos fiscalías todavía aguardan más 50 trabajos de este tipo. “Estamos gestionando una reunión para ver cómo se soluciona este problema. En este tipo de casos no puede haber demoras”, indicó.
Por otra parte, los vecinos de la pequeña cortaron el miércoles la avenida Salta para reclamar Justicia por Érica. No descartan realizar más movilizaciones. /La Gaceta
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