La policía dijo a una santiagueña que su hijo murió en un accidente: le encontró una herida de bala en la cabeza

Lunes, 07 de Junio de 2021 07:39

Franco Nicolás Isorni salió a circular con la moto por Santiago del Estero en horario de restricciones nocturnas y nunca más volvió. La familia dice que fue asesinado por policías.



Franco Nicolás Isorni fue encontrado muerto el 26 de agosto del 2020, luego de haber protagonizado una persecución policial en Santiago del Estero por haber circulado fuera del horario de restricción sanitaria. La causa fue rotulada como accidente de tránsito por los fiscales Érika Leguizamón, Vanina Aguilera y Martín Silva. Pero para la familia del joven de 23 años fue asesinado por los agentes. Creen que le dispararon en la cabeza.

“Han hecho una falsa autopsia al lado del cajón, en el cementerio, un mes después de la muerte. Cuando le pregunté al fiscal Leguizamón por qué lo hacían ahí me dijo ‘Es esto o nada, lo hacemos aquí por la pandemia’”, indicó Patricia Isorni, madre de Franco.
La mujer que asegura que fue obligada a reconocer en ese momento el cuerpo, empezó a notar cosas extrañas, como que a su hijo le faltaban las zapatillas y las medias.

El joven fue encontrado en inmediaciones de Av. Lorenzo Lugones y Av. Solís, de la ciudad de Santiago del Estero. “Han actuado de forma arbitraria, se abusan de la ignorancia de la gente. Yo le di mi entera confianza a la fiscal, que representa a la Justicia, y ella se estaba riendo de mí”, agregó Patricia que ahora pide la intervención del poder judicial de Santiago del Estero.


Las dudas que le dejó la autopsia de campo a la madre del joven hizo que buscara respuestas. Se contactó con peritos y les mostró las fotos del cuerpo. Una de ellas, especialista en patrones de sangre, le advirtió que el cuerpo tenía más horas de las que decía sin vida.

No solo que le faltaba el calzado. Otro elemento que le llamó la atención a la mujer fue que su hijo usaba lentes para manejar la moto y no estaban. “Dejaron los lentes en la baulera de la moto y ese fue un error”, detalló. “Tenía una herida cortante en el cuello que no se hace en ningún choque o pérdida de control de un vehículo”. Además, la mujer asegura que los vecinos vieron una persecución y que -dos días más tarde- un policía la llamó para alertarle: “Apresurate, a tu hijo lo mataron”.

“Creemos que lo asesinaron en una obra en construcción”, agregó por los restos de material en la sangre que pudieron percibir peritos de la querella.

Entre los indicios de un presunto encubrimiento, Patricia destaca la adulteración de las cámaras de seguridad. “Usaron la pandemia para matar con libertad. A mí hijo lo presentaron como un accidente y a cajón cerrado, tenía un disparo en la cabeza”, indicó mientras espera una nueva autopsia. “Pagué con la sangre de mi hijo al abrir los ojos, pero ahora sé que hay muchos otros casos”, dice.

Ante la denuncia, los diputados nacionales de la CC ARI, Maximiliano Ferraro y Rubén Manzi, hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura provincial contra los integrantes del Ministerio Público por mal desempeño de sus funciones. El diputado nacional de la UCR Alvaro de Lamadrid se reunió con Patricia Isorni y la invitó para que cuente el caso de su hijo en la comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados.

Leguizamón es Coordinadora de la Unidad Fiscal de Abuso sexual y Violencia institucional en tanto que Aguilera es el titular de la Unidad Fiscal de Abuso sexual y Violencia institucional. Para los diputados la tarea de ambos fue funcional “en el encubrimiento de los asesinos de Franco”, indicó.

“Hay elementos de sospecha contundentes que no fueron investigados en este caso, como la adulteración de las cámaras de seguridad o los informes de las pericias de parte que indican que el joven murió por un disparo en la cabeza, algo totalmente distinto a un accidente de tránsito, que directamente los fiscales se negaron a investigar, quedándose con la versión de la policía”, detalló Manzi y aseguró que “no se hizo una autopsia a la víctima”, sino sólo “una inspección ocular”.

Y agregó: “Esta actitud de los fiscales no puede explicarse de otra forma que no sea la intensión obcecada de encubrir lo que realmente ocurrió” y, de esta manera, favorecer a la policía provincial que responde a Gerardo Zamora, según el legislador.

El caso llegó al Congreso. En mayo, la mamá de Franco, Patricia Isorni, expuso en Diputados y habló del “encubrimiento por parte de las fuerzas policiales de Santiago del Estero”.

Para Ferraro y Manzi “existen elementos contundentes para asegurar que los denunciados han incurrido en las causales de remoción por mal desempeño, abandono de sus funciones y desconocimiento inexcusable del derecho, causales previstas por el artículo 178 de la Constitución provincial”.

En el escrito presentado ante el Consejo de la Magistratura, los diputados del CC ARI dejaron asentado que consideran que los fiscales “han evitado investigar las verdaderas circunstancias de los hechos criminales sucedidos, rechazando deliberadamente realizar los procedimientos que tiendan al esclarecimiento de los hechos y contribuyendo a garantizar la impunidad de los culpables”. Circunstancias por las que piden la remoción de sus cargos.

Violencia institucional en Santiago del Estero

Rubén Manzi, presentó en agosto un informe sobre violencia institucional en el Noroeste Argentino, por abusos cometidos por los gobiernos de las provincias de Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy, durante la cuarentena por coronavirus.

El documento releva decenas de casos de hechos de violencia institucional, entre el 20 de marzo y el 17 de julio, que van desde el abuso de poder de funcionarios públicos de distintos niveles, como persecuciones y hostigamientos, hasta casos mucho más graves como torturas que causaron lesiones graves y muerte. /TN