Imputan al dueño de Citrusvil, Daniel Lucci, por amenazas de muerte a su esposa y desobediencia judicial

Martes 14 de Noviembre de 2023, 23:48 |

Daniel Lucci



El fiscal Gerardo Nicolás Salas afirmó que existen los elementos para iniciar la investigación e imputar a Daniel Lucci, por haber amenazado a su esposa desde 2022 hasta que esta logró romper sus miedos y denunciarlo en la justicia.

Lucci es uno de los empresarios más importantes de Tucumán, como titular -entre otras muchas de empresas- de Citrusvil, proveedora internacional de jugo y aceite de limón para la Coca Cola.

El jueves pasado Lucci fue notificado por la policía y tuvo que fijar domicilio, número de contacto y nombres de sus abogados para el paso siguiente en el que se ahondará en la investigación para que luego un juez o jueza decida si lo lleva a un juicio oral y público.

La novedad judicial se produjo a dos meses de que el periodista José Romero Silva revelara las amenazas de muerte recibidas por la ex pareja de Lucci. “Daniel me amenazó y me dijo que me iba a matar”, indicó E. A. a la jueza Judith Solórzano, quien el viernes 18 de agosto resolvió llamar la atención al fiscal Gerardo Salas por no haber accionando ante la denuncia y no haber otorgado el rol de querellante a la víctima, según señala el sitio Radios Tucumán.

Semanas después Daniel Lucci habría continuado con su hostigamiento a su esposa. "En la investigación la justicia pudo corroborar las denuncias que realizó E. A., señalando que el industrial llamó a la empresa de seguridad Albiero para quitarle la protección y controlar él mismo las alarmas, y que dentro de esa propiedad y bajo llave que sólo tenía Lucci había armas de fuego que luego fueron secuestradas por la policía", señala la publicación.

"También este mando a buscar su colchón, vestimenta, moto y otros elementos. Además el empresario inmobiliario intentó sacar de la administración de algunas empresas a E. A."

Todo se inició luego de que E. A., esposa de Lucci, lo denunciara por violencia de género y amenazas de muerte en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia.

Desde allí se libraron duros informes sobre el industrial y pedidos para que la justicia atendiera a la víctima, advirtiendo que estaba en “riesgo de desenlace trágico” y que su caso era de “riesgo altísimo”.