Jueves 30 de Noviembre de 2023, 22:40
Beatriz Avila y Germán Alfaro
Este jueves la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, le puso su firma al Decreto Nº 6314 con el que dejó sin efecto un total de 551 designaciones que realizó el ex intendente Germán Alfaro desde el 1 de septiembre al 27 de octubre, tras perder las elecciones y antes de abandonar la Intendencia. Además, instruyó a que se investiguen los nombramientos realizados desde junio y recordó que el personal municipal para gozar del régimen de estabilidad supone "haber ingresado mediante mecanismos de selección que respeten las condiciones de idoneidad".
"Déjase sin efecto a partir del 1 de diciembre de 2023, todas las designaciones de personal en planta interina y/o permanente, de los agentes municipales dispuestas desde el 1 de septiembre del 2023 al 27 de octubre del 2023, que se hubieren efectuado en el Departamento Ejecutivo Municipal", reza el decreto firmado por Chahla, que instruyó a la Secretaría General a "constituir una comisión para evaluar en cada caso concreto, las incorporaciones dispuestas desde el 01/06/2023 y cuya continuidad sea imprescindible para no resentir el normal funcionamiento del Organismo".
En ese sentido, se autorizó a la Contaduría General del municipio a "realizar los ajustes pertinentes en el sistema de liquidación de haberes como consecuencia de lo resuelto en el presente instrumento".
Para esta resolución, Chahla recordó que "el personal municipal, para quedar afectado al régimen de estabilidad, supone inexorablemente haber ingresado mediante mecanismos de selección que respeten las condiciones de idoneidad".
Desde la Municipalidad capitalina precisaron que 412 de las designaciones dadas de baja corresponden con el Artículo 1 del decreto firmado por la jefa municipal, mientras que 139 se corresponden al Artículo 2 del instrumento que lleva la firma de la intendenta, totalizando 551 cesanteados.
En el marco de la pasada campaña electoral, hubo denuncias de que Alfaro había incrementado un 131% la planta de empleados municipales y que habría incorporado casi 4.000 empleados que no pertenecerían ni tributarían en la Capital.
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