El órgano de contralor emitió dicho documento tras solicitar una serie de informes contables y administrativos a la Televisora de Tucumán Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem), tras la petición del mandatario de iniciar estas acciones para examinar los balances más recientes, “a fin de proporcionar información a este Poder Ejecutivo, en resguardo del patrimonio público”.
De acuerdo con el acuerdo 4.433, signado por el presidente Miguel Terraf y el conjuez Atilio Peluffo (quien interviene por la licencia de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal), el equipo de auditores nombrado por el TC solicitó, mediante dos notas, diferentes documentos a Canal 10.
El inventario es amplio e incluye toda la legislación de procedimientos internos; los balances de los años 2013 a 2023 (con su backup contable); el detalle de todas las cuentas bancarias y otras formas de cuentas en bancos virtuales; la lista de proveedores y clientes; el cuadro tarifario de publicidad; las declaraciones juradas fiscales y previsionales de 2023; y el libro de accionistas; y copias de reclamaciones que se gestionan ante la Justicia Federal.
Según la resolución del ente de contralor, venció el primer plazo de 48 horas otorgado, “sin haber obtenido la instrumental e informes requeridos”, por lo que se otorgó “un plazo improrrogable de 24 horas”, que también caducó sin que los funcionarios del Tribunal de Cuentas reciban la documentación, según el acuerdo 4.433.
Además, mediante otras cuatro anotaciones, los auditores solicitaron a Canal 10 proporcionar información vinculada a la programación (que incluye un detalle de las producciones tanto internas como externas); copias de las acciones vinculadas a dos casos penales en proceso ante la Justicia Federal de Tucumán; inventarios de productos de uso; y el listado completo de clientes.
El Tribunal de Cuentas efectuó un análisis de las actuaciones tramitadas hasta el momento, y consideró que se había registrado una “conducta omisa” para cumplir con lo solicitado, en especial, en las tres primeras notas de la auditoría. Por ello, el órgano de control recordó que, según el artículo 121 de la Ley de Administración Financiera, “todo funcionario o agente del sector público provincial y los terceros ajenos al mismo, sean organismos, instituciones y/o personas o sujetos privados a quienes se les haya confiado el cometido de recaudar, percibir, transferir, invertir, pagar, administrar o custodiar fondos, valores y otros bienes de pertenencia del Estado”, están sujetos a la jurisdicción del TC. Y recordaron que tal disposición alcanza también a las sociedades con participación del Estado, como Canal 10. Además, el ente de control incluyó un párrafo de la nota enviada por Jaldo para solicitar la apertura de la auditoría. Por último, reiteró el pedido para que se cumpla con lo expresado en las notas de auditoría 1, 2 y 3, todas “con plazos vencidos”; y se puso en conocimiento sobre el acuerdo 4.433 al titular del Poder Ejecutivo (PE). /
La Gaceta