“Sin duda es preocupante”: abogados en derechos humanos se expresaron sobre el decreto del gobernador Jaldo
Jueves 09 de Mayo de 2024, 23:47
Desde la asociación ANDHES señalaron que la nueva medida del gobierno provincial para prevenir peleas entre estudiantes podría ser inconstitucional.El último decreto de necesidad y urgencia firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo por las peleas entre estudiantes, registradas en la última semana, sumó un fuerte rechazo de parte de abogados especialistas en derechos humanos. Desde ANDHES (Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales), se expresaron en contra de la medida y señalaron que la misma tiene puntos que van en contra de la Constitución Nacional.
Entre otras cosas, el decreto del primer mandatario provincial faculta a agentes de la Policía de Tucumán para detener y alojar a jóvenes en edad no punible (menores de 16 años) en espacios de cautiverio como comisarías, alcaidías y hasta el penal de Villa Urquiza. Por otro lado, el documento establece la expulsión inmediata de los involucrados en escaramuzas y su no admisión por un año en ningún establecimiento educativo de la provincia.
Quien se encargó de analizar esta polémica normativa fue la abogada Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES, quien se mostró preocupada por las implicancias que la decisión del Poder Ejecutivo podría tener en las juventudes alcanzadas por el decreto. “Sin duda es preocupante en general y en particular hay puntos contrarios a nuestra regulación constitucional, a derechos humanos. Instruir a que las escuelas expulsen a los chicos y, además, ordenar que no sean incluidos, se trata de una medida profundamente lesiva del derecho humano en la educación y, en ese sentido, ilegal, regresiva y contraria a nuestro marco constitucional”, señaló la letrada.
En este sentido, insistió en las consecuencias de no permitir el acceso a la educación a adolescentes. “Sacar a los chicos de la escuela exacerba la violencia, es no garantizar su derecho a la educación, es excluirlos del sistema y termina agravando una situación que termina siendo de violencia institucional del propio Estado”, analizó Vallino.
Otro de los puntos polémicos del DNU provincial es el castigo a los padres de los menores, en caso de que éstos se desempeñen laboralmente en la administración pública. Para la abogada especializada en derechos humanos, en este punto en particular, la normativa deja más incógnitas que certezas. “Tiene múltiples debilidades que van desde la amplitud de la medida, la falta de claridad de cuál sería la sanción y, por lo tanto, lesiona principios en materia de derecho penal en relación a cómo uno se defiende de esas acusaciones, lo cual también resulta problemático”, detalló.
Vallino también se refirió a los discursos de odio en general y en particular también a los que se pueden leer y escuchar de autoridades de gobierno tanto a nivel provincial como nacional, lo que, para la letrada, también se traduce en este tipo de hechos violentos en las calles, en especial entre jóvenes. “Hay un discurso también muy violento desde el propio Estado que también hace eco en sectores de la sociedad. En ese sentido, estos episodios que hemos visto también reflejan ese estado de situación y cómo esos discursos de odio se hacen eco en distintos espacios en los adolescentes. Debemos poner en palabras eso que hoy está puesto en términos de golpes y violencias, debemos generar puentes de encuentro que garanticen su derecho a la participación”, analizó.
Por último, en cuanto a la aplicación real –jurídicamente hablando- del decreto provincial, Vallino opinó que la falta de claridad en sus artículos dejará la acción policial circunscripta a la actual normativa de contravenciones, medida altamente rechazada durante años al ser considerada inconstitucional. “Si bien el gobernador señaló en declaraciones públicas a los adolescentes, en verdad la letra del decreto no hace esa referencia específica si no que es una habilitación en general a las fuerzas de seguridad a intervenir en situaciones de conflicto sin hacer referencia específica a la edad de las personas, por lo que continúan en vigencia esas otras normas que tienen que ver con la edad mínima de edad penal o normas que regulan nuestra convivencia democrática, sin dudas entra en juego el código de contravención, que es una norma que en nuestra provincia ha sido de manera reiterada declarada inconstitucional”, finalizó. /eltucumano
Aparentemente, la mejor forma de quitarle la agresividad a un adolescente no es educarlo, es más, hay que prohibirle la educación. Así, por obra de las fuerzas del cielo, mágicamente dejará de pelearse en las calles y se convertirá en un ciudadano de bien. pic.twitter.com/dTioEGQg9r
— Mariana Romero (@MarianaR31) May 10, 2024
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