El dealer que organizaba fiestas para vender drogas seguirá preso y peligra su cargo en Hacienda

Sábado 01 de Junio de 2024, 06:51

SE ACABO LA FIESTA. El after organizado por Fernández Fazio en Alpa Puyo terminó con un allanamiento de la Policía Federal.



Salir en libertad y volver a trabajar en la administración pública. Esas eran las espectativas que alimentaba César Fernández Fazio (30) cuando comenzó la audiencia judicial en la que se definiría su futuro procesal, imputado como líder de una banda que organizaba fiestas electrónicas para vender drogas de diseño.

Sus abogados creían haber encontrado un tecnicismo legal que dejaría sin efecto todo lo actuado por la Policía Federal cuando concretó el operativo que tuvo lugar en el solar denominado Alpa Puyo, en las afueras de la ciudad de Tafí Viejo

Todo comenzó el 14 de abril, cuando efectivos de Drogas Peligrosas de la Policía Federal allanaron el local en el que se desarrollaba un after, nombre que las fiestas clandestinas destinadas a la promoción del consumo de drogas sintéticas heredaron de las que se realizaban cuando regía el límite horario de las 4 AM en Tucumán.

En el operativo se descubrió éxtasis, LSD-25, ketamina, marihuana, cocaína y tusi, también conocida en el ambiente como cocaína rosa.

No decomisaron grandes cantidades de droga, pero sí la suficiente para avalar la teoría que se venía apuntalando desde el mes de agosto 2023, en la que se fundamentó la orden judicial para allanar el lugar y el pedido de detención en contra Fernández Fazio y Mariano Valdez (31).

Ambos fueron procesados por venta de estupefacientes y el juez Guido Buldurini les aplicó la prisión preventiva por tres meses al determinar que existían indicios para argumentar que, de acuerdo con la investigación de la fuerza federal dirigidos por el fiscal José Sanjuán, el primero habría encabezado una organización dedicada a organizar fiestas electrónicas como ámbitos vender este tipo de drogas ilegales.

Al mismo que esto ocurría en la Justicia Federal, en la Secretaría de Hacienda de la Provincia se abría un expediente con el mismo nombre, ya que Fernández trabajaba allí, por lo que se le inició un sumario.

El departamento jurídico del organismo determinó que no se podía aplicar una sanción fuerte porque la causa aún se estaba tramitando y no se había resuelto su culpabilidad, por lo que los funcionarios debían seguir el caso y, una vez resuelto, recién resolver su situación.

En un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 20 de mayo, se resolvió:

- Suspender en su cargo desde el 16 de abril hasta que continúe privado de su libertad Fernández Fazio, lo que implica que no podrá percibir sus haberes.
- Los funcionarios de la secretaría de Hacienda deben seguir de cerca el desarrollo de la causa para definir los pasos a seguir.
- Suspender el trámite de titularización que el empleado había sido iniciado el año pasado.

La causa que originó todos estos movimientos, fue la primera y única investigación en la que se desarticuló una organización que se habría dedicado a la venta de drogas sintéticas desde que entró en vigor la ley de narcomenudeo, en diciembre de 2022.

También fue la primera vez que en Tucumán actuó un agente revelador que acopió evidencia en contra de los investigados, una figura utilizada en el código procesal penal de la Nación pero que no es contemplada como válida en el de la provincia.

Para poder realizar su trabajo, los investigadores deben contar con autorización de un juez de manera que su actuación no viole los derechos de los sospechosos cuando se desarrollan las medidas a su cargo, que en este caso consistieron en la compra de pastillas.

El defensor oficial Pablo Canata y su auxiliar Maximiliano Movsovich, a cargo de la defensa de Fernández Fazio y Valdez, Basaro  su estrategia en cuestionar la utilización de esta figura porque no es contemplada en la normativa local.

Los profesionales argumentaron que dos agentes de la Federal se ganaron la confianza de ellos para sacarle información que terminaron incriminándolos. “Descubrimos que gracias a esa tarea, apareció ya con autorización judicial, el agente revelador que hizo las compras de pastillas. En otras palabras, consiguieron la información para incriminarlos, violando todos sus derechos”, sostuvo Cannata al pedir la nulidad de todo lo actuado y el sobreseimiento de los detenidos.

Los auxiliares fiscales Carlos Berarducci y Exequiel Fligman rechazaron esos argumentos sosteniendo que el procedimiento se había cocretado de manera legal y que no se habían violado los derechos de los imputados.

A la hora de hacer el uso de la palabra Fernández sostuvo que fueron prácticamente “acosados” por las agentes para sacarles información que luego terminaría perjudicándolos, pero el juez Carlos Caramutti decidió rechazar el planteo y la causa seguirá como llegó planteada a la audiencia.

Cuando Jaldo era gobernador interino de la provincia había solicitado la creación de esa figura, pero el pedido no prosperó, aún cuando en la Legislatura se presentaron tres proyectos de ley para que se incorporaran estas y otras herramientas para facilitar la investigación en causas de narcomenudeo, que siguen sin ser analizadas y aprobadas.