Hay 43 mil presos con celulares en Buenos Aires: redes de pedofilia, estafas y secuestros virtuales desde dentro de las cárceles

Domingo 17 de Noviembre de 2024, 17:44

Tres de cada cuatro presos tienen un teléfono en las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense. El ingreso es libre y se habilitó con la pandemia.



De a poco asoma una tendencia a limitar los celulares en algunos ámbitos porque se consideran nocivos. Por caso, las escuelas. Algunas jurisdicciones ya implementan prohibiciones para su uso. Pero en las cárceles bonaerenses el acceso a la telefonía celular es libre. No hay restricciones administrativas o jurídicas para que los presos los tengan en sus celdas de reclusión.

Solo las barreras económicas impiden el acceso a dispositivos móviles. Según datos oficiales, el 73% de la población carcelaria provincial está conectado a una línea móvil que rebaja los muros que separan a los detenidos de la libertad.

Ese beneficio, considerado "humanitario" o un "derecho", a veces resulta un instrumento para trasladar el delito al interior de los perímetros penitenciarios. Esta semana se conoció el caso de un preso que con su celular traficaba material de abuso sexual infantil desde su celda.

Se trata de Víctor Hugo Balderrama (34) un albañil condenado a 50 años de prisión por violación reiterada de menores. Las imágenes y videos que vendía con su dispositivo eran de los abusos que él mismo cometió, revictimizando a sus víctimas.

Balderrama era el líder de una de las células de pedofilia detectadas por el “Operativo Protección de las Infancias” que se extendió por 65 ciudades bonaerenses en una tarea coordinada del ministerio Público Fiscal provincial. Dos de esos procedimientos simultáneos y coordinados por 25 fiscalías se concretaron en unidades carcelarias de la Provincia, en el complejo de Florencio Varela. Allí detectaron que diez detenidos traficaban material de abuso sexual infantil desde prisión.

La cárcel de Florencio Varela fue allanada por diez presos que traficaban material de abuso sexual infantil desde la cárcel

Los procesados, condenados e imputados con prisión preventiva de las 56 prisiones de la Provincia tienen habilitados 42.833 aparatos telefónicos con acceso a internet y llamadas al exterior de los pabellones.

Tres fiscales que intervinieron en el procedimiento contra pedófilos y abusadores de niños coincidieron en este punto: la presencia de los dispositivos de comunicación sin controles favorece la proliferación de redes de tráfico y comercialización de imágenes pederastas.

También preocupa la persistencia de otros delitos menos horrorosos pero igual de angustiantes: las estafas virtuales y los falsos secuestros extorsivos que se originan en llamadas telefónicas. “Son casos que no paran de crecer y cada vez más se concretan desde el interior de las unidades penitenciarias”, se quejaron los investigadores.

Según la Comisión por la Memoria (CPM), al mes de octubre de 2024, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) tenía 59.152 personas privadas de libertad.

El fallo que habilitó los celulares en las cárceles

Por disposición judicial, desde la pandemia, en 2020, los detenidos alojados en las cárceles bonaerenses, tienen acceso a contar con teléfonos celulares para comunicarse con la familia y garantizar acceso a material educativo. El gobierno de Axel Kicillof enseguida habilitó un protocolo para el cumplimiento de esa resolución.

Fue un fallo que se conoció el 30 de marzo de 2020 y que firmó el juez de Casación, Víctor Violini. “El derecho a la comunicación y la necesidad de mantener el vínculo afectivo de las personas detenidas se torna apremiante en la actual situación de pandemia, ya que se vio particularmente afectada la posibilidad de seguir recibiendo visitas familiares”, escribió Violini entonces. Los confinamientos obligatorios por el Covid terminaron hace casi cuatro años.

Pero nadie retiró los equipos de las celdas penitenciarias. Estos aparatos son provistos por la familia y los costos asumidos por el propietario de la línea.

El entonces ministro de Justicia, Julio Alak, instrumentó la medida a través de un protocolo con normativas básicas y elementales para la utilización. Cuando terminó la emergencia sanitaria en el país, las autoridades políticas y penitenciarias decidieron mantener la prerrogativa. “Es una forma de garantizar la ’paz’ dentro de las prisiones”, admitieron ante Clarín fiscales, jueces y abogados penalistas consultados para esta nota.

“El reglamento del uso de los celulares por parte de los internos prohíbe el acceso a las redes sociales, solo se permite WhatsApp”, informaron fuentes del SPB. No obstante, todos los actores que intervienen en el mundo carcelario reconocen que es imposible ese control. Los equipos no pueden contar con memoria extraíble.

La administración actual del SPB está a cargo del ministro Martín Mena, quien ya estuvo en áreas de Justicia con los gobiernos de Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Nación. Por ahora no se plantea modificar el esquema permisivo en las prisiones.

De acuerdo con un reporte oficial al que tuvo acceso este diario, hoy están activados y en funcionamiento del otro lado de las rejas casi 43.000 aparatos de telefonía móvil. El organismo de custodia provincial de cárceles mantiene un registro que contiene datos de los números y la titularidad. Para acceder a un celular no es necesario que un juez se expida porque ya existe una resolución judicial de 2020.

En la Provincia de Buenos Aires hay 54 cárceles, 4 alcaidías penitenciarias, 15 alcaidías departamentales y 1 unidad de tránsito. En todas, los alojados allí pueden ingresar dispositivos de comunicación sin pedir autorización judicial.

Sólo se requiere la voluntad y la capacidad de compra o pago del servicio. Clarín habló con agentes del ministerio Público, jueces y abogados penalistas. Todos coinciden en que uno de los motivos por los que se mantiene la prerrogativa es porque se evitan motines y rebeliones. “En los últimos años no hubo incidentes graves y eso se lo puede atribuir –entre otras cuestiones- a esta decisión”, reconocen fuentes del gobierno de Kicillof.

“El protocolo, circunscribe su utilización a las actividades educativas a distancia y a los contactos familiares, establece un registro de celulares que identifica fehacientemente a cada usuario, delimita los ámbitos habilitados para el uso de telefonía celular y prohíbe las redes sociales, con excepción de Whatsapp” dicen en el gobierno provincial.


La “detención” de Balderrama dentro de la Unidad de Florencio Varela desmiente ese formulismo redactado por el SPB. El albañil de La Matanza, condenado por violar en forma reiterada a tres menores dentro de su vivienda y de filmar esos abusos, guardaba en un celular los videos y los repartía entre otros pederastas.

Los procesados y condenados pueden –sí tienen acceso a datos- ver películas en plataformas o hacer videollamadas con sus familias o amistades. También lo aprovecha el sistema judicial: algunas audiencias sencillas requeridas por magistrados se practican a través de la plataforma Meet, con códigos generados por juzgados o fiscalías.

También tienen a su alcance un instrumento para delinquir. Estafas virtuales, secuestros extorsivos desde celdas y otras modalidades se ejecutan con estos dispositivos si no hay control”, reconocieron los fiscales.

El Ministerio de Seguridad de Nación dispuso un sistema para restringir dispositivos en cárceles federales. Se dispuso en enero de este año el protocolo de "Alto Riesgo" para prohibir su acceso a internos con la “capacidad fáctica de fugarse, dirigir actividades criminales desde adentro con impacto en la sociedad, intimidar o corromper a funcionarios penitenciarios, entorpecer investigaciones judiciales y coaccionar a otros internos para alcanzar objetivos criminales", según explicó entonces la ministra Patricia Bullrich.

“Se han aplicado sanciones a agentes penitenciarios que fueron permisivos. Y también a presos que vulneraron esas limitaciones”, dijo un funcionario del área a Clarín.

En Provincia también se hicieron procedimientos por supuestos abusos del beneficio. “Desde junio de 2022 a la fecha se secuestraron 5.651 teléfonos celulares a detenidos. En lo que va del 2024 la cifra asciende a 1.889”, dice un reporte oficial.

La Dirección de Seguridad Preventiva del SPB se ocupa de investigar cuando sucedan malos usos. “Siempre se trabaja en conjunto con la Justicia cuando hay denuncias penales o cuando se efectúan allanamientos en las celdas de los sospechosos”, dijeron en el ministerio que conduce Mena.

El teléfono incautado se envía a la Oficina de Instrucción de expedientes Disciplinarios o a la Fiscalía Interviniente, según corresponda. El proceso es incautación, actuación disciplinaria y denuncia penal. /Clarin