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Comienza el juicio contra el creador del polémico barrio Las Pirámides en San Javier
Lunes 16 de Diciembre de 2024, 06:38
Mañana, en los Tribunales Federales, dará inicio el juicio oral contra Próspero Marcelo Sosa, un constructor vinculado al polémico desarrollo inmobiliario conocido como barrio privado Las Pirámides. Este emprendimiento se sitúa en el sector sur del Parque Sierra de San Javier, un área considerada de especial interés ambiental y que es propiedad de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT).
Sosa enfrenta cargos por desobediencia a una orden judicial que le prohibió, desde diciembre de 2018, continuar con la construcción, la tala de árboles y la apertura de caminos en un terreno que ha sido designado como zona roja ambiental.
El barrio privado se localiza en el kilómetro 28 de la ruta 338, en las proximidades del límite con Villa Nougués. Históricamente, esta área perteneció a la familia Paz Posse y, en 1948, fue parte de una significativa expropiación de 18.000 hectáreas realizada por el Estado Nacional para ceder tierras a la UNT. Esta última institución había proyectado una Ciudad Universitaria en la región, un plan que hasta el día de hoy permanece inconcluso.
En la década de 1970, la UNT estableció los límites del Parque Sierra de San Javier, que abarca un total de 14.130 hectáreas y es reconocido como un área protegida. Sosa, cuya familia ha habitado el lugar por generaciones, fue demandado por la UNT en 2008 por usurpación. Sin embargo, el caso fue cerrado por extinción de la acción penal debido a la prescripción. Posteriormente, Sosa inició su proyecto inmobiliario, loteando y comercializando terrenos por internet.
Para 2010, el barrio ya contaba con algunas viviendas, y actualmente se estima que hay alrededor de 70 construcciones en el área. En 2018, la UNT volvió a accionar judicialmente contra Sosa, esta vez por reivindicación y daños ambientales, dado que en ese momento ya existían aproximadamente treinta casas.
La justicia dictó una orden que prohibía cualquier tipo de construcción y la tala de árboles, orden que, según se comprobó en 2023, fue ignorada, lo que dio lugar a la actual acusación de desobediencia que lo llevará a juicio. El juicio está programado para comenzar a las 9 de la mañana en el Juzgado Federal de la calle Las Piedras, bajo la supervisión del juez Sebastián Diego Argibay.
El abogado de la UNT, Máximo Castro, ha señalado que la pena que enfrenta Sosa puede oscilar entre 15 días y un año de prisión, aunque de resultar condenado, es probable que la pena no sea de cumplimiento efectivo. Sin embargo, una condena sentaría un precedente en las diversas causas que la UNT ha presentado en relación con Las Pirámides, siendo la principal la de reivindicación, que busca el desalojo de Sosa y la demolición de las construcciones levantadas.
Además, como consecuencia de la causa por desobediencia, el fiscal federal Agustín Chit ha iniciado una investigación adicional por presunta usurpación y daño ambiental. Este proceso ha incluido operativos con Gendarmería y un registro de las familias que residen en el barrio, que actualmente suman aproximadamente 56.
Un relevamiento aéreo con dron realizado por la UNT reveló la existencia de unas 70 viviendas. Sosa, por su parte, se defiende alegando que su familia ha vivido en el área durante más de un siglo y cuestiona la legitimidad de la UNT, argumentando que fue creada de facto en la ley de Presupuesto de 1920.
A su juicio, las regulaciones que establecen la creación de parques y la protección ambiental han sido implantadas por personajes que violaron derechos humanos. Ha expresado que sus derechos han sido vulnerados y ha solicitado un amparo ante la Justicia Federal de Salta. La situación del barrio es compleja: los servicios básicos no son adecuadamente provistos, con la comuna de San Javier suministrando agua mediante camiones cisterna.
Además, se cuenta con un medidor de luz comunitario, y hace tres meses, por un convenio con la UNT, las empresas EDET y SAT, junto con el Ersept, acordaron no habilitar nuevas conexiones de energía y agua en el área. Sosa ha sostenido en ocasiones anteriores que los derechos posesorios tienen mayor peso que la simple escritura, argumentando que su posesión del terreno le confiere derechos sobre el mismo.
En este contexto, la comunidad de vecinos que ha comprado lotes y ha construido sus casas también se encuentra en una situación incierta, afirmando ser compradores de buena fe, pero atrapados en un conflicto legal que podría tener repercusiones significativas para todos los involucrados.