¿El delegado de El Mollar compró dos terrenos y avalaba el loteo ilegal en la Reserva La Angostura?

Martes 14 de Enero de 2025, 10:41





Mientras la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, presentaba una denuncia penal por usurpación en contra del titular del “Loteo Gaucho Castro”, comenzó a circular un video que podría complicar a Jorge Cruz, el delegado comunal de El Mollar.  

El funcionario aparece tratando de llevar tranquilidad a los compradores de las tierras asegurando que la Secretaría de Municipios y Comunas había autorizado la venta de terrenos del predio de la Reserva La Angostura, que pertenece a la Provincia. Esas palabras fueron suficientes para esclarecer parte de un caso que genera polémicas.

“Pedí que se hiciera una denuncia contra el responsable de este proyecto porque lucró con tierras fiscales”, aseguró el gobernador Osvaldo Jaldo. “Y si hay funcionarios que estuvieron implicados, tendrán que responder administrativamente y ante la Justicia. No vamos a permitir que nadie realice este tipo de maniobras. Vamos a defender la propiedad privada y pública con la Policía y la Justicia”, añadió con tono firme.

El Gobierno descubrió que desde 2020 se vendieron lotes que eran tierras fiscales. Comenzaron a averiguar y descubrieron que Juan Pablo Castro estaba comercializando los terrenos de la Reserva que supuestamente se le habían otorgado para el pastoreo de animales. Por un planteo judicial, la Provincia logró que una jueza, a través de una medida cautelar, suspendiera la venta de parcelas y las construcciones en las viviendas que se estaban edificando en ese lugar.

Con la documentación que presentaron los compradores para demostrar que habían adquirido las parcelas de buena fe, los abogados de la Fiscalía de Estado lograron determinar que se trataba de un proyecto inmobiliario que había pasado por cuatro reparticiones del Estado, pero ninguna de ellas lo había autorizado.

Pero ahora surgió una quinta repartición: la Secretaría de Municipios y Comunas sólo aprobó un anteproyecto y nada más. “Ese documento sólo es un paso administrativo más, no la finalización del trámite que actualmente no existe”, aseguró Pedicone.

Ese dato revelador generó que todo se acelerara. Por ejemplo, la estrategia era que la demanda penal contra Castro se iniciara una vez que finalice la feria, pero Jaldo ordenó que se hiciera de manera inmediata. “No se puede perder más tiempo”, habría señalado molesto.

El plano del organismo fue utilizado por el comisionado Cruz para llevar tranquilidad a los compradores. Días después que se descubriera el caso, el funcionario citó a las personas que habían adquirido las tierras a una reunión. Uno de los asistentes decidió filmar la reunión para que quedara un registro de lo que ocurriría allí sin que el delegado se diera cuenta.

“¿No me están grabando?”, fue una de las primeras frases que emitió el funcionario.

“Tenemos el plano de la Secretaría de Municipios y Comunas que aprobó el proyecto. Ellos son los que articulan con Catastro. Para nosotros todo esto era normal”, les dijo. Ahora se descubrió que esa información no era la correcta.

Ese no es el único indicio que existe en contra de Cruz. Los compradores consultados no sólo dijeron que en la comuna le habían confirmado que el loteo era legal, sino que informaron que hasta el mismo comisionado habría adquirido dos propiedades que podría haberlas vendido con el paso del tiempo.

Sí está confirmado que el funcionario firmó la nota en la que se otorga la factibilidad del servicio de agua potable para el loteo. Pero está fechada en agosto de 2023, es decir tres años después de que se concretara la supuesta aprobación del proyecto. Las normas vigentes establecen que ese trámite debe cumplirse para que se autorice el proyecto. El delegado no respondió las llamadas ni los mensajes para que diera su versión de los hechos. 

Cruz no sería el único funcionario investigado. En las últimas horas, las miradas comenzaron a enfocar a Fernando Chaler, titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. Él firmó la nota en la que Castro estaba realizando los trámites de escrituración de las tierras que estaba comercializando para ser presentada en EDET. También dejaba aclarado que era personal e intransferible, según un expediente iniciado en 2008.

¿Qué pasará ahora? Una fiscalía del Centro Judicial Monteros deberá comenzar con la investigación del caso. El único señalado es Castro, ya que él aparece como titular del proyecto inmobiliario. Se trata de un hombre de unos 85 años que no usa celular y que probablemente, no tenga los estudios primarios completos.

De esa investigación podrían surgir otros nombres, entre ellos de funcionarios y empleados estatales que habrían tenido alguna participación en el caso. “Hemos recibido instrucciones del gobernador Jaldo de ir hasta el fondo. Sin importar de quién se trate”, sentenció Pedicone.

También resta saber qué sucederá con las personas que compraron los terrenos de la Reserva. “Los documentos que nos presentaron sirvieron para armar el mapa de lo que ocurrió en este caso. Sin embargo, ninguno de ellos sirven para probar que adquirieron un terreno que estaba escriturado. En otras palabras, no pueden demostrar su titularidad”, cerró Pedicone.

Hasta el momento la Provincia no decidió qué hacer con ellos, según publica La Gaceta. La Fiscalía de Estado tendría la potestad para exigir que sean desalojados, pero buscarían evitar llegar a una situación extrema. Los damnificados, hasta el fin de semana, estaban decididos a no denunciar a los vendedores, porque creían que tenían todos los papeles en regla. Pero ahora que surgieron varios indicios de que esa no es la realidad, habrá que ver qué postura tomarán.

Organismos mencionados

La Provincia busca recuperar terrenos de la Reserva Natural La Angostura que fueron comercializados en el proyecto inmobiliario conocido como “Loteo Gaucho Castro”. Los compradores de esas parcelas no tuvieron problemas en mostrar documentos que les entregaron en oficinas públicas para probar que la comercialización era legal. Aparecen mencionados, por ahora, cinco organismos y una comuna rural. Esa es la razón por la que este caso se diferencia de otros.

Las reparticiones y la participación que habrían tenido cada una de ellas son:

- Dirección de Flora y Fauna: habría cedido al titular del proyecto Juan Pablo Castro una parte de esas tierras para que pastaran sus animales. No se sabe quién firmó la autorización, en qué fecha y hasta cuándo se extendía esta autorización.

- Dirección General de Catastro: dos profesionales recomendaron a las autoridades enviar el expediente a otra repartición para que se cambie la titularidad del bien, pese a que esas parcelas ya habrían estado a nombre del Superior Gobierno de la Provincia.

- Secretaría de Municipios y Comunas: desde esta oficina, según los compradores, se habría firmado la autorización del proyecto el 20 de diciembre de 2020. Eso es lo que figura en el plano que les entregaron los vendedores y en lo que se habría basado el delegado comunal de El Mollar Jorge Cruz para sostener que el loteo era legal.

- Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat: un profesional firmó en febrero de 2023 una constancia de que Castro estaba gestionando la escrituración del terreno. Una versión totalmente diferente a la opinión de los especialistas de Catastro.

- Dirección General de Rentas: Castro consiguió en enero de 2023 que se le emita una boleta del pago anual del impuesto Inmobiliario de ese período, cuando aún él no contaba con la escritura que demostrara su titularidad, según la opinión de un abogado de un organismo estatal.

- Comuna de El Mollar: el delegado Cruz no sólo avaló el proyecto inmobiliario en tierras que formaban parte de una reserva natural, sino que firmó notas para que el lugar tuviera suministro de agua potable.

“Lo que más nos molesta es que somos considerados como usurpadores por las autoridades de la provincia. Somos compradores de buena fe. Ellos no dicen que fue el mismo Estado el que permitió todo esto. Tenemos todos los papeles para demostrarlo”, aseguró Alberto Cativa, uno de los que invirtió entre U$S15.000 y U$S20.000 para adquirir un terreno en ese loteo. Los compradores mantuvieron el silencio durante dos meses y ahora decidieron hacer pública esta situación. Ya lo habían hecho de manera oficial cuando en una reunión con la fiscal de Estado Gilda Pedicone le entregaron los documentos que les entregaron. No sólo habría descubierto algunas irregularidades, sino que confirmó que el titular no habría contado con ningún título de esas propiedades.

Este columnista les pidió a tres abogados penalistas que analizaran los papeles que los vendedores entregaron a las personas que adquirieron los lotes. Los profesionales coincidieron en señalar que, en principio, ninguno de ellos serviría para demostrar que son titulares de las tierras. Consideraron que esos papeles son indicios de que hubo todo un ardid con el que podrían haber sido engañados, por lo que el responsable del emprendimiento, funcionarios y empleados estatales deberían ser investigados por su accionar. Aclararon además que esta era una mera opinión y que todo el conflicto debería resolverse en la Justicia.

Se sabe que El Mollar podría ser considerada como la “capital provincial” del descontrol. El “Loteo Gaucho Castro” justifica esa calificación. Para ser aprobados por Catastro, los titulares de un proyecto inmobiliario deben presentar informes de factibilidad, es decir, documentos firmados por especialistas para que informen, entre otras cosas, si la edificación no generará un impacto ambiental y si los habitantes de ese lugar tendrán acceso al servicio de agua potable y energía.

Nada de ello habría ocurrido en este caso. En primer lugar, es al menos extraño (por ahora) que la aprobación del proyecto haya sido firmada por funcionarios de la Secretaría de Municipios y Comunas y no por Catastro. Es insólito porque, por cuestiones ambientales, jamás se debería haber aprobado el emprendimiento, ya que los terrenos donde se construiría forman parte de una reserva natural. También es casi burdo que en agosto de 2023, tres años después de su aprobación, el delegado Cruz haya firmado la factibilidad del uso del servicio de agua, según publica La Gaceta.

El Estado reaccionó con una serie de medidas. Consiguió que una jueza dictara una medida cautelar para que no se siguieran ocupando tierras y construyera en la reserva. Avisó a las empresas que no debían habilitar el servicio (agua, luz y gas) si es que sus peticionarios no contaban con la documentación que acredite la titularidad del inmueble. También advirtió a los colegios de profesionales y a los escribanos que se abstuvieran a realizar cualquier tipo de trámite en tierras fiscales. Por último, envió a la Policía para sacar todos los cercados y destruir con topadoras las construcciones que habían realizado para que el mensaje terminara de llegar.

El caso no se cerró. La Provincia denunció ayer penalmente a Castro por usurpación. El señalado es un hombre de 85 años, que no tiene celular y que probablemente no tenga idea que su nombre está escrito en documentos oficiales. Pero también deberían responder funcionarios. La situación del delegado comunal Cruz es complicada, al igual que la del titular de la Subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat, Fernando Chaler.

Cuando termine la feria, se debería resolver la situación de un comercio de venta de artesanías con bar que funciona en la entrada del valle; el del prestador de servicios de pesca y paseos en el lago La Angostura; y la de un club de fútbol de esa localidad. Los compradores de las tierras sostienen que ellos están en las mismas condiciones y el Estado no los persigue como a ellos.

Las autoridades reconocen que el caso de El Mollar se repite en otros centros turísticos. Ya iniciaron acciones para recuperar tierras fiscales en San Javier y en El Cadillal. Pero aún queda analizar lo que ocurre en Tafí del Valle y Raco, por sólo citar algunas localidades. La batalla judicial para resolver estos conflictos será dura, pero mucho más difícil será concretar acciones concretas para recuperar la credibilidad de una parte de la sociedad.