Un fuerte planteo de Fiscalía de Estado y el fin de la feria judicial sacuden la causa por la venta de terrenos fiscales en El Mollar
Viernes 31 de Enero de 2025, 06:48
EN EL LUGAR. Los predios usurpados que forman parte de la reserva que rodea al dique La Angostura, fueron limpiados de construcciones ilegales en el inicio mismo de la disputa judicial.La causa por la usurpación y venta ilegal de tierras en la Reserva Natural de La Angostura avanza en la Justicia, con la presentación de dos pedidos formales para la restitución y desalojo del “Loteo Gaucho Castro”. Tanto la Fiscalía de Estado como el fiscal Miguel Varela solicitaron la recuperación de las tierras fiscales, que habrían sido ocupadas de manera ilegal para el desarrollo de un emprendimiento inmobiliario.
El caso se inició el 21 de octubre cuando empleados estatales detectaron que terrenos fiscales estaban siendo alambrados y ocupados. Tras la intervención de la Policía, se presentó una denuncia penal contra Juan Pablo Castro, señalado como el principal responsable del loteo, y otras personas presuntamente involucradas en la maniobra. En respuesta, la Justicia dictó una medida de no innovar para evitar nuevas transacciones de las tierras en disputa.
El fiscal Varela expuso que un grupo de personas se habría apropiado de tierras de la Reserva y las habría comercializado mediante documentación de dudosa validez. Según la investigación, los compradores habrían sido engañados con papeles irregulares que aparentaban legalidad.
Entre los acusados, además de Castro, figuran su nieto político Damián Romano, el ex subsecretario de Regularización Dominial Fernando Rogel Chaler y otros empleados estatales vinculados al caso.
Los abogados defensores de los imputados han negado cualquier tipo de participación en los hechos y aún no han definido la estrategia legal que adoptarán. Mientras tanto, el proceso sigue avanzando y se mantiene la expectativa sobre el fallo judicial.
En su solicitud, Varela no solo apoyó la restitución de los terrenos, sino que también pidió el desalojo de los ocupantes actuales, advirtiendo sobre el riesgo de que la situación se agrave si no se toman medidas urgentes. Destacó, además, que parte de los investigados son o han sido funcionarios públicos, lo que refuerza la necesidad de esclarecer los hechos y evitar futuras irregularidades en la gestión de tierras fiscales.
El juez Mario Velázquez es ahora el encargado de resolver el pedido de restitución y desalojo, en un fallo que podría marcar un precedente clave en casos similares de usurpación. A partir del lunes, la causa pasará a manos de la fiscal Mónica García, salvo que el ministro fiscal Edmundo Giménez disponga que continúe bajo la supervisión de Varela. Especialistas en derecho consideran que esta resolución podría sentar un precedente fundamental en la recuperación de tierras fiscales en la provincia.
Mientras la Justicia avanza en el análisis del caso, la comunidad espera una resolución que permita recuperar las tierras y garantizar su protección dentro de la Reserva Natural de La Angostura. La decisión final del juez Velázquez podría ser impugnada, pero su impacto en la regulación de los conflictos de tierras en Tucumán será clave para futuras acciones legales.
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