3'
Usurpaciones: cómo avanza el plan de Osvaldo Jaldo para recuperar las tierras ocupadas
Lunes 21 de Abril de 2025, 06:06
Con el respaldo directo del gobernador Osvaldo Jaldo, la Fiscalía de Estado de Tucumán intensificó en los últimos meses una ofensiva jurídica y administrativa para recuperar tierras fiscales ocupadas de manera irregular en distintas zonas de la provincia.
“Será un trabajo lento y duro, pero se irá hasta las últimas consecuencias”, había advertido en enero la fiscala de Estado Gilda Pedicone. Hoy, ese plan ya muestra sus primeros resultados concretos.
En El Mollar, dentro de la Reserva Natural La Angostura, ya se lograron recuperar nueve de las once ocupaciones detectadas. Además, se encuentra en proceso la escrituración del predio que el Automóvil Club Argentino devolvió hace más de 30 años, pero que había sido blanco de ventas ilegales.
A esto se suma una acción judicial contra los ocupantes de un barrio privado que debía haber sido la sede del Club Náutico y de Pesca de Concepción. Uno de los casos más graves es el del “Loteo Gaucho Castro”, un emprendimiento inmobiliario que comercializaba tierras fiscales.
La Provincia se presentó como querellante y uno de los investigados es el comisionado suspendido Jorge Cruz.
En Tafí del Valle, la Dirección Provincial del Agua (DPA) inició los desalojos de viviendas construidas ilegalmente a la vera del río El Blanquito. Decenas de personas habían ocupado zonas ribereñas prohibidas, lo que motivó intervenciones urgentes para preservar el dominio público.
San Javier fue el primer centro turístico donde se concretó la recuperación de terrenos estatales. Allí se logró desalojar a ocupantes que habían instalado construcciones en zonas protegidas.
En Yerba Buena, se recuperó un predio destinado a la construcción de una comisaría, que había sido invadido por vecinos que intentaron ampliar sus terrenos sin autorización legal.
Uno de los casos más sensibles ocurrió en Ibatín, donde se dispuso el desalojo de una vivienda particular, una quinta de limones y una plantación de caña de azúcar ubicadas dentro del predio del museo abierto de la ciudad fundacional de Tucumán.
El uso indebido de ese espacio, declarado de interés histórico, motivó una intervención inmediata por parte de las autoridades provinciales.
En El Cadillal, la Provincia logró desarticular el barrio “Los Guayacanes” y anular un camino de acceso que presuntamente sería el punto de partida de un nuevo loteo ilegal.
La Fiscalía de Estado también investiga maniobras de regularización fraudulenta de inmuebles en zonas prohibidas. En este caso quedó bajo análisis la actuación del comisionado Dante Delgado, cuya responsabilidad podría derivar en acciones administrativas y judiciales.
Por último, Ticucho, una comuna vecina de El Cadillal, fue señalada como un nuevo foco de usurpaciones. Las autoridades anunciaron un recorrido en los próximos días para verificar las irregularidades.
El comisionado Pedro Acosta quedó en la mira tras afirmar que desconocía la existencia de construcciones irregulares en la zona.
El plan de recuperación de tierras públicas impulsado por el gobierno provincial no solo apunta a garantizar el dominio estatal sobre zonas estratégicas, sino que también expone la posible connivencia de autoridades locales con emprendimientos inmobiliarios irregulares.
Las acciones legales en curso y las futuras inspecciones buscan frenar la apropiación indebida de tierras que, por ley, pertenecen a todos los tucumanos.