Martes 06 de Mayo de 2025, 20:31

Más allá de las versiones generadas respecto al sistema de caminos, “todo seguirá como hasta ahora”.
La iniciativa de la Nación para la transferencia de rutas nacionales a las provincias no tendrá lugar en Tucumán. A la vez, tampoco se sumarán peajes a las red vial de jurisdicción provincial, como había propuesto un grupo de legisladores del PJ. Así, más allá de las versiones generadas respecto al sistema de caminos, “todo seguirá como hasta ahora”, dijo el ministro de Obras y Servicios Públicos Marcelo Nazur.Días atrás, el propio gobernador Osvaldo J
aldo había descartado la posibilidad de “tucumanizar” cerca de 600 kilómetros de rutas nacionales (entre ellas, la N° 9, que va desde el límite con Santiago del Estero hasta la frontera con Salta), una alternativa que sí habían aceptado mandatarios de otros distritos. “La Provincia no las puede recibir”, había confirmado Jaldo.
Sucede que la administración del presidente Javier Milei (La Libertad Avanza), en el marco de las políticas de ajuste del gasto público, estaría alistando detalles para la fusión de reparticiones que tienen competencia en los caminos bajo su jurisdicción; entre ellas, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
En este contexto,
las provincias había recibido la propuesta de acceder a la transferencia y administración de las carreteras nacionales, incluyendo con esto el cobro de los peajes (en Tucumán operan los puestos de Molle Yaco, en Trancas, y de La Florida, al este, ambos a cargo de Corredores Viales SA). Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo declinó de esta alternativa.
“Vamos a acompañar la decisión que tome la Nación, pero la transferencia a la Provincia no va a ser posible”, detalló Jaldo la semana pasada, ante una consulta de la prensa.
Además de explicar que una eventual disolución de la DNV
“va a impactar directamente en el mantenimiento de las rutas nacionales”, el mandatario aclaró que la prioridad hoy es “mantener nuestras rutas provinciales” y “recuperar las secundarias y terciarias, que son de ripio, y requieren mantenimiento permanentemente”.
Nazur coincidió con el gobernador en ese sentido, y remarcó que la conectividad a través de las rutas es clave en todo el país, incluso por encima de otras vías, como la aérea y la férrea.
“Disolver la DNV sería una complicación”, admitió el ministro, que antes de asumir al frente de esta cartera había sido director de Vialidad Provincial.
Además, el funcionario ratificó que los 980 kilómetros de la red primaria (es decir, con pavimento) y los 1.100 kilómetros de la red secundaria (de ripio) seguirán siendo administrados por la DPV, sin el cobro de peajes, y con la ejecución de obras con presupuesto provincial.
La idea de implementar el cobro de tarifas por el uso de las carreteras de jurisdicción local había sido impulsada en la Legislatura por un sector del PJ.
Un proyecto de ley firmado por Tulio Caponio (presidente de la comisión de Obras Públicas), Carlos Gallia, Sandra Figueroa, Leopoldo Rodríguez (h) y Raúl Moreno propone que se
habilite a la DPV a cobrar peajes a fin de generar recursos destinados al mantenimiento, construcción y mejora de toda la red provincial. “La realidad actual evidencia un deterioro creciente en la infraestructura vial, producto del uso intensivo, la falta de inversión constante y la imposibilidad de sostener su financiamiento únicamente con recursos presupuestarios generales. Este déficit impacta negativamente en la seguridad vial, el desarrollo productivo y la calidad de vida de los ciudadanos, en especial en zonas rurales o regiones que dependen directamente del transporte terrestre”, habían expresado en los argumentos los legisladores. Si bien la propuesta se encuentra disponible para su tratamiento en el ámbito de las comisiones, en el PE le bajaron el pulgar. /
La Gaceta
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