El gobierno de Trump afirma haber “rescatado” a los refugiados en la embajada argentina en Caracas

Martes 06 de Mayo de 2025, 21:31

Marco Rubio, secretario de Estado de los EE.UU. afirmó que ya se encuentran en suelo estadounidense; cuatro dirigentes opositores estaban asilados tras ser acusados por el régimen de Maduro de conspiración y traición a la patria



Los opositores venezolanos que se refugiaron en la embajada argentina en Caracas en marzo de 2024, para escapar de la persecución del régimen de Nicolás Maduro, abandonaron la sede diplomática y Venezuela en los últimos días. El Gobierno de Donald Trump anunció que, “tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense”.

El encargado de realizar el anuncio fue Marco Rubio, secretario de Estado de Trump. “Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas”, publicó en la red social X.

“Tras una precisa operación, todos los rehenes se encuentran ahora a salvo en territorio estadounidense. El régimen ilegítimo de Maduro ha socavado las instituciones venezolanas, violado los derechos humanos y puesto en peligro nuestra seguridad regional”, agregó el funcionario de la Casa Blanca.

“Extendemos nuestra gratitud a todo el personal involucrado en esta operación y a nuestros socios que ayudaron a asegurar la liberación segura de estos héroes venezolanos”, completó Rubio.

La noticia fue tomando forma durante la tarde a través de crecientes versiones, confirmadas luego por el dueño del diario El Nacional, Miguel Otero, a través de la red social X. Desde la Cancillería argentina declinaron hacer comentarios.

Los cuatro colaboradores de María Corina Machado, que se encontraban asilados en la Embajada de Argentina en Caracas, acusados por el gobierno de Maduro de delitos como conspiración y traición a la patria atravesaron más de 400 días de asedio chavista.

Magalli Meda, mano derecha de la líder opositora; Pedro Urruchurtu, coordinador internacional de Vente Venezuela (VV), partido que encabeza Machado; el exdiputado Omar González y el experto electoral Humberto Villalobos aguantaron durante más de 13 meses el hostigamiento constante de las fuerzas policiales, que no sólo cortaron los suministros de luz y agua, sino que también concedían de forma arbitraria las entradas de alimentos y medicinas.

Originalmente eran seis dirigentes los que buscaron refugio. Pero, en diciembre de 2024, Martínez Mottola abandonó la embajada con su salud muy deteriorada y dos meses después falleció en Caracas. Claudia Macero, encargada de Comunicación de VV, consiguió escapar hace semanas.

Ni el gobierno de Caracas, ni la oposición democrática ni ninguno de los dirigentes asilados han confirmado hasta ahora la información. La principal hipótesis que se baraja es que Meda, Urruchurtu, González y Villalobos obtuvieron finalmente los salvoconductos necesarios para salir de Venezuela, aunque fuentes opositoras no descartan que se trata de una “operación de extracción”.

Varias fuentes de la Cancillería argentina evitaron pronunciarse sobre la información. Desde la llegada al poder de Javier Milei, el gobierno argentino mantuvo varios cruces con la dictadura chavista, que incluyeron ataques verbales entre los mandatarios y referentes de ambos gobiernos.

Los seis dirigentes se refugiaron a finales de marzo de 2024 en la Embajada de Argentina para huir de la persecución chavista, cuando nos siquiera había comenzado la campaña presidencial. Varios de ellos ya tuvieron que refugiarse meses antes en la legación diplomática de los Países Bajos, pero gracias a los acuerdos entre Washington y Caracas recuperaron la libertad durante unas semanas.

Durante sus meses de reclusión, los refugiados fueron blanco de un hostigamiento total y permanente, que incluyó el bloqueo al ingreso de alimentos, medicinas y agua y un cerco de agentes de seguridad que amenazaban con irrumpir en la embajada.

Meda había profundizado en una entrevista los datos sobre las condiciones en las que vivían. Allí es que mencionó que estuvieron más de 100 días sin servicio eléctrico, que el agua les llegaba a cuentagotas cada 15 días y que convivían con el asedio tortuoso que incluía gritos, amenazas y hombres encapuchadas armados.

Además, los ingresos de alimentos y medicinas eran arbitrarios. “Nos toca resistir hasta que termine esta pesadilla”, había dicho. Las condiciones de vida de los refugiados habían empeorado enormemente en los últimos meses.

La sede diplomática estaba bajo monitoreo de Brasil, luego de que la delegación argentina fuera expulsada por Maduro en julio pasado.

En diciembre de 2024 el Gobierno argentino había denunciado el “asedio” a la embajada ante la Corte Penal Internacional (CPI). La decisión surgió después de varias quejas renovadas de la oposición venezolana a las que la gestión administración nacional buscaba responder, junto con otras demandas internacionales.

El encargado había sido el embajador argentino en Países Bajos y representante ante la CPI, Mario Oyarzábal, quien en ese entonces enfatizó las “detenciones arbitrarias” y los “tratos inhumanos” que requerían de rigurosas investigaciones.

“Es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras sedes diplomáticas, y que se otorguen de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura”, había manifestado.

Durante el tiempo que duró el aislamiento, María Corina Machado se manifestó repetidas veces sobre los refugiados. La dirigente, a quien responden los opositores, había pedido una reacción de la comunidad diplomática a fines de febrero ante la “tortura, pura y dura” de los refugiados.

“Aquí se violan todos los acuerdos internacionales a la vista del mundo. Y el mundo democrático tiene que actuar junto a quienes luchamos sin descanso por nuestra democracia, hasta lograr la libertad”, había reclamado.

En ese entonces, 27 expresidentes iberoamericanos, entre los que se incluía Mauricio Macri, habían pedido a Brasil, el Vaticano y la Cruz Roja que actuaran ante el asedio. También hubo una protesta global en más de 150 ciudades del mundo para exigir a la CPI que “actúe ya” ante “los crímenes de lesa humanidad” de Maduro. /La Nación