“Quiere donar al Hospital de Niños”: la insólita defensa de la influencer que contrabandeó ropa de Miami con el CUIT de Jaldo

Miércoles 14 de Mayo de 2025, 19:21

“Valentina Olguín sólo cometió un error. Está dispuesta a reparar el daño y a pedirle disculpas personalmente al gobernador Osvaldo Jaldo por lo que hizo”, aseguró Claudia Paz a La Gaceta, abogada defensora de la joven cantante e influencer santiagueña que utilizó los datos personales de cinco gobernadores para contrabandear ropa de Miami y que, según la investigación judicial, podría haber vendido.

Pero lo que la Justicia investiga no es un simple “error”, sino una maniobra deliberada, sostenida y altamente fraudulenta: Valentina Olguín habría montado un esquema de contrabando simulado utilizando nada menos que las identidades fiscales de cinco gobernadores argentinos, sin su consentimiento, para importar ropa desde Estados Unidos de forma ilegal. Un accionar audaz y gravísimo, que pone en evidencia una enorme falta de ética y un desprecio absoluto por la legalidad.

El caso comenzó en noviembre, cuando el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo descubrió que alguien había usado su nombre y datos para hacer compras en el exterior. Tras constatar que nadie de su entorno había autorizado la operación, denunció el hecho ante la fiscalía federal, que inició una investigación encabezada por el fiscal Agustín Chit. Con apoyo de la Dirección General de Aduanas y del juez federal José Manuel Díaz Vélez, se constató que la joven se hizo pasar por Jaldo, utilizando su número de documento, domicilio fiscal y CUIT para importar ropa, que luego era enviada a domicilios en Córdoba, Buenos Aires y Santiago del Estero.

La sorpresa fue mayor cuando se descubrió que Olguín no sólo había usurpado la identidad de Jaldo, sino también la de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Marcelo Orrego (San Juan). Todos ellos fueron víctimas del mismo ardid: ver su nombre asociado a operaciones de importación truchas que nunca realizaron.

Mientras los mandatarios tomaron conocimiento de los hechos por distintas vías (Jaldo y Kicillof al detectar movimientos extraños; los otros tres gracias al fiscal Chit), Olguín seguía operando con total desparpajo, aprovechando el peso de esos nombres en el sistema aduanero para evadir controles. Según la investigación, habría buscado precisamente eso: que los paquetes enviados a nombre de figuras de alto perfil no fueran detenidos ni revisados.

Durante un allanamiento autorizado por el juez Díaz Vélez en un departamento en CABA vinculado a la influencer, se encontraron elementos clave que la comprometen seriamente. La acusación es clara: contrabando simulado, un delito federal, por el cual ya fue indagada y que ahora deberá enfrentar ante la Justicia.

La defensa intenta minimizar el hecho, asegurando que Valentina sólo usó la ropa para sus shows o redes sociales y que no hay pruebas de comercialización. Alega además que tenía un acuerdo tipo “canje” con una marca de Miami, pero que al quedarse sin cupo legal para importar —ni propio ni de familiares o amigos— optó por un camino totalmente fuera de la ley: usar datos de funcionarios públicos sin autorización.

Los investigadores, en cambio, consideran que la maniobra fue cuidadosamente pensada. “Usó esos nombres porque sabía que nadie iba a cuestionar una encomienda a nombre de un gobernador”, explicó un operador aduanero. Más allá de que no se usaron fondos de los damnificados, el uso fraudulento de sus identidades agrava el cuadro y pone en duda cualquier intento de presentarlo como un "descuido".

Ahora la defensa busca evitar un juicio y solicitar una probation: una suspensión del proceso penal a cambio de condiciones como una donación al Hospital de Niños y un pedido de disculpas público a Jaldo. El juez Díaz Vélez deberá decidir si acepta esta salida alternativa, aunque se trata de un caso que dejó a la vista la facilidad con la que se puede vulnerar el sistema con cinismo, oportunismo y un nulo respeto por las instituciones.

Por lo pronto, la joven fue indagada solo en la causa de Tucumán. Resta saber qué decidirán las fiscalías de las demás provincias involucradas. Mientras tanto, la influencer continúa alegando que está arrepentida, pero el daño —a la confianza en el sistema y a la privacidad de figuras públicas— ya está hecho.

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