Tierra del Fuego: cuál es el costo de su régimen y cómo puede reconvertirse la economía de una provincia convulsionada

Domingo 18 de Mayo de 2025, 10:03

La medida del Gobierno para reducir impuestos en celulares y otros electrónicos todavía no se implementó.



La baja de aranceles a las importaciones de celulares y la reducción de impuestos internos a celulares, televisores y aires acondicionados que anunció esta semana el vocero presidencial y candidato a legislador de La Libertad Avanza (LLA) por la Ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni -pero que el Gobierno no instrumentó oficialmente- detonó el conflicto político y social en Tierra del Fuego.

La provincia goza de un régimen de beneficios fiscales -entre exención de IVA, diferenciales de impuestos internos y aranceles- que le cuesta al Estado nacional entre 1.000 y 1.100 millones de dólares por año, el equivalente a poco más de 0,2% del Producto Interno Bruto (PIB), y otorga unos 8.000 empleos directos y otros 7.000 puestos de trabajo indirectos, de acuerdo a los datos de Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (AFARTE).

La medida fue anunciada pero todavía no publicada en Boletín Oficial.

Los aranceles (impuestos a las importaciones, que desalientan el consumo del exterior y favorecen la producción local) caerán del 16% al 8% hasta el 15 de enero de 2026 y desde entonces al 0%. Asimismo, los impuestos internos bajarán del 19% al 9,5% para los productos hechos fuera de Tierra del Fuego y del 9,5% al 0% para los bienes fabricados en la isla.

El régimen de promoción fue pensado en 1972 cuando la provincia tenía 13.000 habitantes y había hipótesis de conflicto militar con Chile y Gran Bretaña. Ahora la provincia tiene una población de más de 180.000 personas.

Las principales empresas que operan en Tierra del Fuego bajo el subrégimen , que tiene vida hasta 2038, son Mirgor (de Nicolás Caputo, primo hermano del ministro de Economía, Luis Caputo, y tío del asesor presidencial Santiago Caputo), que tiene base en Río Grande, y Newsan (de Rubén Cherñajovsky, quien expandió su marca el año pasado hacia bienes de consumo masivo con la compra de P&G). Más atrás vienen BGH, Electrofueguina y Solnik.

Ana Vainman, directora Ejecutiva de AFARTE, postula: "La reducción de los impuestos internos va en la dirección correcta ya que apunta a la baja del famoso ‘costo argentino’. Pero la baja de los aranceles causa mucha preocupación en el sector porque amenaza la continuidad del empleo y la sustentabilidad industrial en la isla y cambia las reglas de juego y los derechos adquiridos bajo las cuales las empresas invirtieron, adquirieron maquinaria, tomaron decisiones y contrataron personal".

"El consumidor merece precios más bajos, y hay muchos caminos para hacerlo sin destruir la industria nacional. Al poner en riesgo la sostenibilidad de la industria electrónica, que es el principal empleador de la provincia, podría verse afectada la actividad económica fueguina y así la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur", considera la ejecutiva.

En sentido inverso y tanto desde el progresismo como desde el clásico liberalismo, hay serios cuestionamientos al régimen.

Juan Carlos Hallak, investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y uno de los autores de varios documentos del think tank Fundar sobre el régimen, plantea: "Lo que deja de recaudar el Estado por los beneficios a Tierra del Fuego es más que todo el presupuesto de Ciencia y Técnica cuando existía esa área, y más del doble que todo el Conicet. Para que no se vaya la gente de la provincia se deben promover actividades como infraestructura para el turismo, la economía del conocimiento, un polo logístico y militar. Esa transformación productiva podría tardar unos 10 años".

Y agrega: "Se puede transformar el régimen sin despoblar Tierra del Fuego. Estas medidas anunciadas por el Gobierno van a tener poco impacto en el empleo; si se dejaran de producir celulares, algo improbable, afectaría a alrededor de 2.000 a 2.500 trabajadores. El costo de cada uno de ellos es de 120.000 dólares por año".

En tanto, la diputada nacional por el PRO Daiana Fernández Molero, suma: "Es importante decir que no se toca el régimen, es un bypass. Con este precio del dólar y la baja de aranceles, junto a los costos logísticos altísimos, se va a hacer difícil producir celulares allá. Pero para defender la soberanía y mantener la población no hace falta una política industrial absurda que incremente los costos a toda la economía argentina e impacte sobre la productividad".

A su vez, la consultora Econviews, señala: "Tierra del Fuego tiene un enorme potencial en turismo, logística, pesca, agroindustria y, además, una ubicación estratégica frente al continente antártico. Lo que no podemos seguir haciendo es perjudicar a millones de consumidores y al conjunto de la economía para sostener artificialmente a un pequeño grupo de empresas". /Clarín