Martes 20 de Mayo de 2025, 07:08
Hay dos razones para entender por qué en Tucumán se están batiendo los récords en el secuestro de mercadería. Una de ellas es la implementación del Operativo Lapacho que tiene como única finalidad hacer controles en los límites de la provincia. El otro, la permeabilidad de la frontera del norte y la capacidad que tienen los contrabandistas para vulnerar todos los intentos de la Nación para frenar esta actividad ilícita.
Aún no se inauguró el alambrado de 200 metros que se montó en Aguas Blancas para ordenar el ingreso de los productos pero a dos kilómetros ya hay otro punto clandestino para eludir los efectos de esa obra.
“Los funcionarios no entienden. De esta actividad vive mucha gente. El vendedor, el comprador, el que pasa y el revendedor. Es una locura pensar que con un alambrado de morondanga iban a detener a la gente que come con el contrabando”, dijo Oscar Lencina, que desde hace más de 10 años se dedica a esta actividad. “Con los Gendarmes está todo bien, ahora el drama son los ‘canas’ de aquí que están medio densos. Pero siempre le encontramos la vuelta para seguir trayendo cosas”, añadió.
En enero, el gobernador de Salta Gustavo Sáez informaba que en la localidad de Aguas Blancas se levantaría un alambrado de 250 metros de extensión y de poco más de dos metros y medio de alto para tratar de frenar las actividades ilícitas que se registraban en esa ciudad que limita con Bolivia. La ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich se trasladó hasta esa localidad para colocar el primer poste. “Va a permitir ordenar la zona. Ahora todas las personas deberán pasar por el paso legal. Esto generará tranquilidad a los habitantes de esta ciudad, Orán y de todo el país”, señaló la funcionaria en esos días.
Pasaron tres meses y la situación hoy es otra o mejor dicho, más caótica. A días de que se inaugure oficialmente el alambrado, el diario “El Tribuno” de Salta publicó un informe en el que da cuenta que los bagayeros encontraron otro punto para ingresar la mercadería. Eligieron una finca privada que está ubicada a unos dos kilómetros de la obra con la que se pretendía frenar el ingreso de mercadería y de droga.
El lugar es conocido como Finca Karina y hasta ese lugar se dirigen todos los bagayeros que realizan las compras en Bolivia. “Cómo es posible que tengamos distintas fuerzas de seguridad trabajando en la zona y a finca Karina nadie la registra, pese al intenso movimiento que se advierte desde la propia ruta nacional 50”, aseguró Adrián Zigarán, el interventor de Aguas Blancas. El funcionario le dijo al diario salteño que mantendrá reuniones con las autoridades nacionales para explicarles lo que está ocurriendo. “Todo está pasando por ahí. Hasta camionetas robadas que son llevadas a Bolivia y los rieles sustraídos”, indicó.
Zigarán recalcó en la entrevista publicada por “El Tribuno” que el alambrado comenzó a funcionar el sábado pasado y que en Aduanas se formaron filas de 10 cuadras para poder cruzar la frontera. Relató que, ante este panorama, los bagayeros se inclinaron por utilizar el paso de la finca que sería de un ciudadano boliviano que también da al río Bermejo y que tiene un camino consolidado que comunica con la ruta 50. “Están recaudando millones porque cobran estacionamiento, venden comidas y bebidas. Todos los hechos delictivos ahora se cometen ahí. No hay ningún tipo de control y nadie sabe qué pasan del otro lado”, informó.
El contrabando de mercadería y de droga está tan institucionalizado en Aguas Blancas que hasta el mismo interventor dejó en claro que la actividad que se desarrolla en la finca está perjudicando al municipio que conduce. “Este es un pueblo pequeño de 3.500 habitantes. Con el impuesto inmobiliario recaudo $100.000 y por alumbrado, barrido y limpieza $250.000 por mes. Por el ingreso al pueblo de la gente que viene a comprar en Bolivia, recaudamos el peor mes $12 millones, el mejor $19, pero el promedio es de $15 millones”. “Entonces, cuando empieza a funcionar el cerco se mueren los vendedores ambulantes, los vendedores de comida, los carreros (personas que llevan y traen la mercadería), porque ya no van a poder pasar, entrar y salir. Es un tema complejo”, finalizó.
Lo que ocurre a 500 kilómetros, repercute en Tucumán. Los datos estadísticos son reveladores y hablan a las claras de lo que sucede cuando los controles en la frontera fallan. No terminó el quinto mes del año y ya se secuestró más mercadería (prendas, calzados, sábanas, toallas, electrodomésticos, celulares y herramientas, entre otros productos), cigarrillos y hojas de coca ingresada ilegalmente al país que en todo el año pasado.
“No vamos a mantener el operativo, sino que lo extenderemos y fortaleceremos. Las familias que van a comprar para uso personal no tienen de qué preocuparse, los que están entre las cuerdas son los que contrabandean con fines comerciales”, aseguró Fabio Ferreyra, jefe del Operativo Lapacho. “Tienen que entender que están haciendo un importante daño a la provincia y al país porque no tributan lo que corresponde”, añadió.
También preocupa el incremento del secuestro de droga que habla a las claras del avance narco en la región. En Tucumán, en lo que va del año, se incrementó en más de un 50% la cantidad de cocaína incautada con respecto al año pasado. Si de marihuana se trata, antes de que finalizara mayo, ya se incautó más que todo el año pasado. “No nos podemos fijar lo que sucede en otras jurisdicciones, sino que tenemos que actuar. Eso es lo que estamos haciendo desde hace bastante tiempo”, sostuvo el secretario de Lucha contra el Narcotráfico Jorge Dib. /La Gaceta