Miércoles 21 de Mayo de 2025, 21:54
La historia de una de las mayores estafas familiares de Tucumán sumó este miércoles un testimonio impactante. Carlos Aguilar, sobrino de José Frías Silva e hijo de una de las denunciantes, rompió el silencio en el programa El Avispero y ofreció detalles hasta ahora desconocidos sobre el entramado que habría servido para despojar a su madre y otras integrantes de la familia Frías Silva de su herencia legítima.
"Lo que hicieron contra las mujeres de mi familia no tiene nombre. Mi mamá hoy no recibe ni un peso de la empresa", expresó Aguilar con firmeza, al referirse a la presunta maniobra con la que —según explicó— sus tíos habrían ocultado activos millonarios y excluido deliberadamente a las accionistas disidentes.
“En teoría tenía un 12 % de las acciones, pero nunca repartieron ganancias y nos estafaron”, relató Aguilar. “Cada vez que mi mamá pedía algo le respondían: ‘mirá que esto es tu herencia’, como si no tuviera derecho a nada más”. Su testimonio se suma a una causa judicial que ya viene avanzando desde hace meses, y que podría convertirse en uno de los casos judiciales más relevantes vinculados al boom inmobiliario tucumano.
La denuncia fue presentada por María Frías Silva, madre de Aguilar, y está patrocinada por los abogados Fernando Poviña y Fernando Carlos Tomás. Según la presentación, la presunta estafa se originó en la gestión de la empresa Azucarera Justiniano Frías, histórica propietaria de miles de hectáreas sobre la Avenida Perón, en Yerba Buena. Esa misma zona, que hasta los años 90 era mayormente rural, es hoy uno de los focos más codiciados del negocio inmobiliario de alta gama en Tucumán: barrios cerrados, desarrollos premium y loteos millonarios.
Según el informe pericial de Agustín Jorrat, el perjuicio económico por estas maniobras superaría los $1.100 millones de pesos (a valores de 2019), y eso solo considerando el 38% de las operaciones auditadas. La acusación sostiene que los directivos nunca actualizaron el valor real de los terrenos en los balances, lo que les permitió vender por debajo del mercado y quedarse con la diferencia.
Además, la investigación apunta a la existencia de sociedades paralelas, como Cultivos y Cosechas S.A. y Commercity S.A., que habrían servido para desviar activos, manipular el reparto de ganancias y dejar fuera de juego a los accionistas que no formaban parte del círculo de poder interno.
“Cuando murió mi abuelo, le contestaron a mi mamá que él no tenía ninguna acción. ¿Cómo alguien que tiene tanto sigue arruinando a su familia por más?”, se preguntó Aguilar en vivo, visiblemente conmovido. “Estuvimos luchando años por esto y se va a hacer justicia”.
Mientras la causa avanza en la Justicia tucumana, el testimonio de Aguilar pone el foco en un drama familiar con implicancias millonarias. Una disputa por herencia, poder y tierras que no solo involucra a una de las familias más conocidas del ámbito empresarial local, sino también a una parte valiosa del territorio en una de las zonas más exclusivas de la provincia.