Robo y venta de alimentos de Desarrollo Social: casi todos los implicados logran evitar la cárcel
Miércoles 21 de Mayo de 2025, 07:16
EVIDENCIA. Parte de la mercadería recuperada por la Policía cuando estalló el escándalo por la venta de mercadería que debía destinarse a la asistencia social.El expediente se activó a finales de noviembre de 2024, luego de que la Policía irrumpiera en el domicilio de López Cancillieri, en Manantial Sur, en el marco de una causa por violencia de género. Lo que hallaron los efectivos superó todas las expectativas: casi 7.500 unidades de alimentos no perecederos —entre ellos puré de tomate, aceite, arroz, yerba, fideos, harina, lentejas, azúcar y leche en polvo— distribuidos en grandes cantidades en distintos espacios de la vivienda.
Según se pudo establecer, esa mercadería había sido entregada originalmente por el Ministerio de Desarrollo Social de Tucumán y debía llegar a comedores comunitarios y personas en situación de extrema pobreza. Sin embargo, una red conformada por al menos cinco personas se habría encargado de apropiarse de esos alimentos para luego revenderlos a pequeños comercios o particulares, generando un lucro indebido a costa del hambre.
La fiscal Mariana Rivadeneira, a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, lideró la investigación que permitió desarticular esta estructura. A partir del análisis de documentación secuestrada y testimonios obtenidos, procesó a López Cancillieri, su padre Alberto López, Arturo Alejandro Augier, Soledad Décima y Brenda Muñoz.
Tras meses de indagatoria, los acusados —conscientes del cúmulo de pruebas en su contra— comenzaron a colaborar. A través de sus declaraciones, aportaron detalles clave sobre la logística de la maniobra, roles y el destino de la mercadería. En función de esta cooperación, la fiscalía y las defensas comenzaron a negociar alternativas al juicio oral para aquellos cuya participación fue considerada secundaria.
En ese contexto, tanto Alberto López como Augier accedieron semanas atrás a un juicio abreviado, reconociendo su culpabilidad y recibiendo condenas de tres años en suspenso. En el caso del primero, además, se le aplicó la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, ya que al momento del hecho se desempeñaba como empleado estatal.
El martes fue el turno de Brenda Muñoz —pareja del principal imputado— y de Soledad Décima. Ambas aceptaron los cargos en su contra y accedieron a una probation, mecanismo que les permitirá evitar el juicio bajo estrictas condiciones. Deberán realizar tareas comunitarias durante 12 meses, pagar una compensación económica de $ 100.000 cada una, y cumplir con otras medidas como no consumir drogas o alcohol y presentarse ante las autoridades judiciales cada vez que se las convoque. El acuerdo fue aprobado por la jueza Fanny Siriani, con el aval de la auxiliar fiscal Brenda Deroy y del representante de la Fiscalía de Estado, José María Molina, que interviene como querellante.
En contrapartida, la situación de Juan Alberto López Cancillieri sigue siendo crítica. Los otros imputados lo sindicaron como el organizador del circuito de desvío y venta de mercadería. Su única posibilidad de evitar un juicio oral sería aceptar un juicio abreviado con condena efectiva. De lo contrario, deberá enfrentar un debate judicial en el que, según fuentes del caso, las pruebas podrían llevarlo a una pena considerablemente mayor.
La causa por el escándalo de la venta ilegal de alimentos sociales representa un caso testigo sobre cómo fondos públicos y recursos básicos pueden ser desviados en perjuicio de los más vulnerables. Desde la Fiscalía remarcaron que este tipo de delitos no sólo afectan al erario público, sino que constituyen una traición ética frente a las necesidades más urgentes de la población.
La comunidad judicial espera ahora la definición del futuro procesal de López Cancillieri, que podría marcar un precedente en materia de delitos contra la administración pública en Tucumán.
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