La influencer contrabandista se enfrenta a un infierno judicial en el que todos los caminos parecen conducirla directo a la cárcel
Lunes 26 de Mayo de 2025, 04:22
VALENTINA OLGUIN. La acumulación de causas aleja la posibilidad de una pena de cumplimiento condicional y pone a la influencer santiagueña más cerca de una condena efectiva.El caso, que comenzó a tomar estado público en noviembre pasado, sorprendió por su audacia y repercusión política. La joven adquirió ropa en una tienda de Miami y simuló que las compras eran realizadas por gobernadores como Axel Kicillof (Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Luis Ziliotto (La Pampa), Marcelo Orrego (San Juan) y el propio Jaldo. Como explicó el fiscal Chit, se trató de un caso de contrabando simulado, en el que la acusada aprovechó los datos de terceros para evadir los topes permitidos para compras internacionales.
Según consta en el expediente, Olguín confesó durante su declaración indagatoria que usó las identidades de los gobernadores porque ya había agotado su propio cupo de compras del exterior, el de sus familiares y allegados. La ley permite hasta cinco compras anuales por un total de U$S 5.000, aunque al momento de los hechos el límite era de solo U$S 1.000. La joven alegó que no tenía intenciones delictivas, pero la Justicia no compartió ese criterio.
El juez federal José Manuel Díaz Vélez confirmó el procesamiento en Tucumán y notificó a sus pares de otras jurisdicciones para que continúen con las causas vinculadas a los restantes gobernadores. La acusación por contrabando simulado, contemplada en el Código Aduanero, prevé penas de entre dos y ocho años de prisión.
Mientras tanto, en provincias como Buenos Aires, San Juan, Entre Ríos y La Pampa, las investigaciones siguen avanzando. En algunos casos, como en San Juan, el propio gobernador Orrego formalizó una denuncia al enterarse del uso de su identidad. En Entre Ríos, el fiscal de Estado confirmó que espera una notificación de la Justicia Federal. En La Pampa y Corrientes, también podrían sumarse nuevos procesos.
Olguín podría enfrentar una condena condicional en la primera causa si el tribunal lo considera apropiado. Sin embargo, si se suman nuevas sentencias en su contra, el beneficio de la condicionalidad se pierde, y las penas podrían acumularse hasta que termine en una cárcel federal.
Claudia Paz, defensora de Olguín, baraja pocas alternativas. Una de ellas es apelar la resolución del juez Díaz Vélez. La otra es pedir la unificación de todas las causas y ofrecer un juicio abreviado con una reparación económica, por ejemplo, con una donación al Hospital de Niños de Tucumán. Sin embargo, el artículo 27 del Código Penal establece que los reincidentes no pueden acceder a una segunda pena condicional en menos de ocho años, lo que complica el escenario de la influencer.
Además, se descartó la posibilidad de acceder a una probation, ya que en los delitos aduaneros esta figura no está permitida por ley. La situación judicial de Olguín se agrava con cada nueva causa abierta en otras provincias, y la posibilidad de evitar una pena efectiva se desvanece rápidamente.
Más allá de los aspectos judiciales, el caso generó una fuerte repercusión política. Por primera vez, gobernadores denunciaron haber sido víctimas de un fraude vinculado a delitos aduaneros. Lo que comenzó como una curiosa maniobra de evasión, terminó por destapar una red de estafas con implicancias federales que podría sentar un precedente en la aplicación del Código Penal en delitos cometidos por figuras públicas.
Mientras tanto, el país observa cómo una figura del espectáculo y las redes sociales atraviesa un complejo laberinto legal, que podría derivar en una condena sin precedentes para una influencer que confundió el ingenio con la ilegalidad.
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