ARBA cuestiona el nuevo régimen fiscal y confirma que seguirá con sus controles

Las medidas impulsadas por el Gobierno para incentivar a los argentinos a sacar sus dólares del "colchón" no parecen ser suficientes para evitar que queden expuestos. Tal como anticipó Clarín en su edición impresa, ya se empiezan a observar las primeras reacciones a los anuncios realizados por el equipo económico el jueves pasado. A pesar del decreto y de las resoluciones publicadas el viernes en el Boletín Oficial —que limitan el envío de información a la AFIP (ARCA) por debajo de ciertos montos—, los gobernadores conservan la potestad de mantener sus propios regímenes de información y fiscalización. Y, según confirmaron desde distintas jurisdicciones, seguirán ejerciendo ese control.

Esta mañana, el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, cuestionó la falta de claridad en los recientes anuncios del Gobierno nacional y remarcó que, "pese a las declaraciones oficiales, no se produjeron cambios sustanciales en las obligaciones tributarias vigentes". De esta forma, aclaró que la Agencia continuará aplicando las herramientas de fiscalización con las que ya viene trabajando.

Frente a los anuncios del Gobierno nacional sobre un supuesto “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”, Girard fue categórico: “No hay modificaciones concretas en términos normativos. Las medidas difundidas hasta el momento carecen de seguridad jurídica y parecen más una promesa electoral que una política tributaria efectiva y un manotazo de ahogado porque no logran acumular reservas en el marco de la liquidación de la cosecha gruesa”.

El titular de ARBA señaló que lo único implementado hasta ahora fue la derogación o reformulación de ciertos regímenes de información y la creación de un régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. En este último caso, las personas alcanzadas ya no deben declarar variaciones patrimoniales, sino únicamente ingresos y gastos deducibles.

“Se lo presenta como una reparación para ahorristas, pero en realidad es un mecanismo de blanqueo encubiertoo que habilita la legalización de flujos de fondos no declarados. No apunta a ahorros acumulados, sino que apunta a que no se acumulen fondos no declarados a la espera de un futuro nuevo blanqueo. Pero la normativa vigente en materia penal tributaria y de prevención del lavado de dinero sigue intacta. Eso deja a las y los contribuyentes en un limbo legal, porque no se explicita si este anuncio tendrá efectos retroactivos ni cuáles son sus límites reales”, advirtió Girard.

Respecto del impacto en la provincia de Buenos Aires, subrayó que “ARBA sigue trabajando con normalidad, aplicando los mismos criterios de control. Los impuestos provinciales, como Ingresos Brutos o el Inmobiliario, no se ven afectados por estos anuncios. Y la fiscalización sigue firme, porque la obligación de tributar según la capacidad contributiva no cambió”.

A su vez, expresó preocupación por el mensaje confuso que puede derivarse de este tipo de anuncios: “Mientras no haya una norma sancionada por el Congreso, todo queda en un terreno incierto. Si una persona adhiere al régimen y luego se comprueba que utilizó fondos de origen ilícito, se le aplicará la normativa vigente. Esto no es una amnistía ni un nuevo orden fiscal. Lo único concreto es que ARCA deja de controlar. Párrafo aparte para la responsabilidad que asumen quienes deciden no reclamar impuestos evadidos”.

Para finalizar, Girard afirmó: “Desde ARBA vamos a seguir garantizando el cumplimiento tributario con las herramientas que nos otorga la ley. Nuestra tarea es asegurar que quienes tienen mayor capacidad económica tributen lo que corresponde. Esa es la única forma de construir un sistema justo y de recaudar con equidad para sostener políticas públicas que beneficien al conjunto de la sociedad”.

"No hay un régimen de adhesión y el país es federal, si algún gobernador quiere hacer inspecciones, tendrá que hacerse cargo de las consecuencias. Hoy las provincias están compitiendo para bajar Ingresos Brutos y tasas municipales, sino lo hacen las empresas van a migrar a otro lugar. Si un gobernador tiene ganas de atacar el nuevo régimen, es su decisión política", reconoció un funcionario de ARCA, consultado por Clarín.

Para tentar a los tenedores de dólares fuera del sistema financiero, el Gobierno eliminó regímenes informativos y aumentó los montos mínimos de operaciones (ahora van de $ 30 a 100 millones por mes) a partir de los cuales bancos, tarjetas y proveedores de servicios de pago deben informar a ARCA en forma automática. También oficializó un nuevo régimen simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias, y un proyecto de ley para "blindar" las reformas.

Hasta ahora, los gobernadores se mantienen en silencio, pero en algunos distritos de peso ya empezaron a analizar la letra chica de los cambios y sostienen que van a seguir con los controles de los contribuyentes, más allá del "plan de reparación histórica de los ahorros". Ese es el caso de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador Axel Kicillof mantuvo cruces este domingo con el presidente Javier Milei por el freno del envío de recursos para finalizar obras locales.

"En la Provincia no se modifica nada y sigue trabajando como hasta ahora con las normas que salieron. Hasta el momento no parece haber modificaciones que impacten en el funcionamiento de la agencia de recaudación bonaerense", dijeron fuentes de la gobernación bonaerense. De esa forma, si bien ARCA ya no recibirá información de los bancos sobre acreditaciones de más de $ 50 millones de individuos, ARBA podrá hacer su propio cruzamiento para determinar impuestos provinciales.

"Si un contribuyente bonaerense expone un patrimonio superior a lo declarado, van a estar pagando ya el impuesto correspondiente en la Provincia, que tiene que ver con inmobiliario y automotor, que es la patente. ARBA tiene distintos regímenes de información, que es lo que hacemos para saber si lo que facturó, si los niveles de consumo se corresponden con lo que pagan de impuesto", dijeron fuentes del gobierno de la Provincia.

ARBA es el mayor fisco provincial con 1,2 millones de contribuyentes de Ingresos Brutos Simplificado y 800 mil del régimen general, 7,3 millones de inmuebles que pagan el impuesto inmobiliario (edificado, baldío y rural), 1,9 millones de automotores y 55.000 embarcaciones registradas. Los gobernadores siguen con preocupación el desplome de Ingresos Brutos, el principal impuesto en las provincias: en marzo cayó un 17,5% real interanual, según Politilkon Chaco.

En Santa Fe, aseguran que no van a pedir información a las empresas y se van a enfocar en "investigaciones criminales", pero que si detectan actividades económicas superiores a lo declarado van a requerir un "ajuste o fiscalización". "No tenés perdón fiscal por lo que no declaraste, ese riesgo lo vas a tener con Nacion también. Si te aparecen cinco departamentos vas a pagar Bienes Personales y en el registro de la propiedad de las provincias vas a aparecer", dijeron en la gobernación.

Ante la consulta de Clarín, el titular de ARCA, Juan Pazo, respondió el jueves en conferencia de prensa que se va a cobrar a quien adhiera al nuevo régimen de Ganancias "va a pagar por su facturación menos los gastos deducibles, sin mirar el consumo ni el incremento patrimonial". Con todo, los especialistas entienden que no se libera al contribuyente de sus obligaciones pasadas hasta tanto haya una ley que así lo establezca. Tampoco la capacidad de fiscalizarlo.

En ese contexto, Pazo informó este domingo por la noche a TN que "en las próximas semanas” enviarán un proyecto al Congreso para cambiar la ley penal tributaria, aumentar los umbrales y reducir los plazos de prescripción de las obligaciones fiscales. Cerca del funcionario creen que sería "extraño" que los gobernadores no se sumen a los cambios impulsados por ARCA, ya que de lo contrario se perderían de recaudar el IVA por el supuesto mayor consumo que generaría la compra de bienes.

"Cada provincia tiene que fijar una posición respecto a los Ingresos Brutos para los contribuyentes de su jurisdicción, esto no es un blanqueo. Si alguien transparenta una tenencia de 100.000 dólares y no ha manifestado esa capacidad contributiva frente al fisco local, son dólares que no pagaron Ingresos Brutos Va a tener que actuar el parlamento local. El ultimo blanqueo necesitó adhesión, pero había impuestos que ingresaron", dijo la tributarista Teresa Gómez. /Clarìn