Allanaron el loteo Monroy y abrieron causas contra los usurpadores del predio que ya fue escriturado por la Provincia
Martes 27 de Mayo de 2025, 07:01
DEMOLICION. El avance sobre el predio usurpado en la Reserva La Angostura incluyó la demolición de una de las viviendas edificadas en el lugar.La operación fue autorizada por el juez Marcos Núñez Campero, a solicitud de la fiscal Mónica García, y ejecutada por personal de la comisaría de El Mollar, junto a los comisarios Carlos Díaz, Esteban Toledo y Marcos Goane.
Durante la inspección se incautaron materiales de construcción, herramientas y grupos electrógenos utilizados para levantar dos viviendas. No había personas en el lugar al momento del procedimiento, por lo que no se pudo notificar formalmente a los señalados. No obstante, la causa ya avanza por los delitos de usurpación y desobediencia judicial.
El predio, estratégicamente ubicado en una zona alta y silenciosa de El Mollar, fue inicialmente cedido por la Provincia al Automóvil Club Argentino en los años ‘80 para un proyecto turístico. El plan fue abandonado en los ‘90 y, aunque se firmó una devolución del terreno, el trámite no fue finalizado. Esta omisión generó un vacío legal que durante décadas habilitó el avance irregular de ocupaciones.
“Ese sector tiene una de las vistas más privilegiadas del Valle. Es lógico que sea codiciado, pero hay que recordar que está dentro de una reserva natural y bajo jurisdicción de dominio público hidráulico por su cercanía con el vertedero del dique La Angostura”, explicó Fernando Arroyo, vecino de Monteros.
La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, ordenó la escrituración de los terrenos para reforzar la posición legal de la Provincia. Tras confirmarse la titularidad estatal, se intimó formalmente a los hermanos Juan Ramón, Carlos, Victorio y Fernando Monrroy a desalojar. La negativa de los mismos derivó en la causa penal y el reciente allanamiento.
Desde la Fiscalía se confirmó que el Estado asumirá el rol de querellante, representado por el abogado José María Molina. “Se trata de tierras fiscales estratégicas que deben preservarse para el desarrollo turístico planificado y el resguardo ambiental”, señalaron desde el entorno de Pedicone.
Este es el segundo caso en lo que va del año que desemboca en actuaciones penales por ocupaciones ilegales en la reserva. En enero, el comerciante Fernando Bolla fue sorprendido en obras en el “Loteo Gaucho Castro”, violando la misma medida judicial. Aunque accedió a una probation que incluyó reparación económica y desalojo, sentó el precedente de la firmeza del Estado en estos casos.
Las acciones se enmarcan en un operativo más amplio para desalentar la proliferación de loteos clandestinos en zonas de alto valor paisajístico y ecológico. Desde el descubrimiento de irregularidades en El Mollar, la Policía evitó avances similares en sectores como Ojo de Agua, El Lago y Juana de Azurduy. En apenas siete meses, se logró la restitución de predios ocupados por la confitería del ingreso al Valle, el club Tres Cruces, el “El Pelao” (servicio de pesca) y el predio que utilizaba el Tucumán Yacht Club.
Quedan pendientes dos situaciones clave: el Loteo Monrroy, que ahora sigue su curso judicial, y el caso del Club Náutico, cuyos responsables iniciaron negociaciones para adquirir formalmente las tierras y evitar el desalojo.
Con estas acciones, la Provincia busca sentar un precedente claro: las reservas naturales y las tierras fiscales no están disponibles para la especulación privada. “Hay una decisión política firme de preservar el patrimonio público. Lo que durante años fue zona gris, hoy se transforma en política activa de recuperación y ordenamiento territorial”, concluyeron fuentes oficiales.
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