Catastro suspendió el proceso de regularización de las edificaciones en terrenos fiscales de El Cadillal
Viernes 30 de Mayo de 2025, 06:25
INSALVABLES. Las casas ubicadas debajo de la cota máxima y las que no dejaron lugar para la ampliación de las calles, no podrán ser regularizadas.La decisión afecta directamente a cientos de ocupantes que aspiraban a escriturar terrenos en ese codiciado paraje turístico, amparados en la ley provincial N° 9.179. Sin embargo, la investigación realizada por distintas áreas del Gobierno provincial reveló una serie de violaciones normativas, entre ellas construcciones en zonas vedadas por seguridad y caminos internos que no alcanzan el ancho mínimo requerido, lo que impide el acceso de servicios esenciales como ambulancias o camiones recolectores.
El informe técnico de Catastro, elaborado en conjunto con especialistas privados y estatales, expuso que al menos 3.000 construcciones se levantaron en terrenos fiscales sin cumplir los parámetros exigidos. Un número que triplica la estimación inicial de 1.400 casos válidos que la ley contemplaba. De esos, apenas 300 iniciaron correctamente el trámite ante la Provincia; los restantes lo hicieron de manera irregular, muchos de ellos canalizados por la extinta Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat.
La gravedad del caso llevó al Estado a presentar una denuncia penal para que se investigue la presunta comisión de delitos en la gestión de esos trámites. Algunas personas denunciaron haber pagado importantes sumas de dinero para lograr avanzar en el proceso de escrituración sin cumplir los requisitos formales. Los nombres de Maximiliano Barreiro y Rafael Trujillo, investigados por el escándalo del “Loteo Gaucho Castro” en El Mollar, también aparecen en el expediente.
Una de las conclusiones más contundentes de la resolución es que muchos de los expedientes fueron directamente rechazados por Catastro por no respetar los límites urbanísticos. El caso más paradigmático es el del barrio Villa del Lago, donde existen unas 100 viviendas construidas a menos de 35 metros del espejo de agua del Dique Celestino Gelsi, una zona de riesgo hidrológico severo y además afectada por patrimonio arqueológico y paleontológico.
Aunque se trata de una suspensión, no es un cierre definitivo. Catastro estableció que quienes deseen continuar con el proceso de regularización deberán ceder parte del frente de sus propiedades —en caso de caminos menores a 12 metros de ancho— y, si fuera necesario, demoler construcciones que invadan esa franja. Sólo después de cumplir con esos requisitos podrán retomar el trámite.
“Quedamos entre la espada y la pared. Evidentemente, si no queremos perder todo, tendremos que ceder. Habrá que empezar de nuevo”, declaró Esteban Martínez, hijo de uno de los propietarios afectados.
Los terrenos en cuestión son de dominio público y pertenecen al Estado provincial. Por lo tanto, el Gobierno está en condiciones de exigir la restitución pacífica o incluso recurrir a la Justicia para solicitar desalojos. De momento, no hay un proyecto concreto para una nueva ley que permita una regularización alternativa, aunque se barajan posibilidades en ámbitos técnicos.
“El Estado no nos puede abandonar ahora. Fueron sus empleados los que nos engañaron. Actuamos de buena fe y ahora nos vienen a decir que nos quedamos afuera”, denunció Fernando Herrera, otro vecino damnificado.
El caso representa uno de los mayores escándalos urbanísticos y dominiales de la provincia en los últimos años. Más allá de su impacto legal, la resolución pone en el centro del debate la responsabilidad del Estado en la administración del suelo público, el control de los asentamientos irregulares y la necesidad urgente de contar con políticas de vivienda transparentes y sostenibles.
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