Jueves 12 de Junio de 2025, 13:27

En Concepción se realizaron allanamientos en el marco de una causa orientada a desarticular una organización que, según las sospechas, habría implementado un esquema Ponzi dirigido a la población local.
Los allanamientos que se realizaron este miércoles en Concepción (ocho) y en la capital (uno) han formado parte de una investigación policial y judicial exhaustiva. Durante el proceso, la Justicia Federal requirió el levantamiento del secreto bancario, bursátil, financiero y fiscal de las personas señaladas como integrantes de la organización, llamada “Peak Capital”, que presuntamente se habría dedicado a expandir sus operaciones dentro de un esquema Ponzi o estafa piramidal en “La Perla del Sur”, según informaron fuentes oficiales.En los tribunales federales se busca determinar si, dentro de este aparente sistema de inversión fraudulenta, se han cometido delitos federales, como el lavado de activos u otros de carácter económico. Por ese motivo, durante los procedimientos realizados por la
Unidad Operativa de la Policía Federal (PFA) se secuestraron una gran cantidad de dinero y vehículos, con el objetivo de recuperar los recursos financieros provenientes de esos delitos.
Durante
ocho meses se realizaron tareas de inteligencia en las propiedades de los investigados, seguimiento en las redes sociales y hubo colaboración de organismos especializados, como la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), teniendo en cuenta que las operaciones se realizaban mediante herramientas tecnológicas y financieras.
Así, mediante la acción de la Procelac, se identificaron
maniobras ilícitas similares a otras denunciadas oficialmente en la ciudad de Casilda, en Santa Fe, contra una organización que también operaba bajo el nombre de “Peak Capital Team”, al igual que en el caso de Concepción.
La Fiscalía Federal Nº 2, a cargo de Agustín Chit, avanzó en la investigación local para poder determinar la responsabilidad de los miembros de esta organización, señalada por la posible comisión del
delito de intermediación financiera no autorizada, estafas mediante criptoactivos y lavado de activos.
Criptoactivos
El fiscal Chit solicitó al Juzgado Federal N° 1 la realización de los
allanamientos de nueve domicilios y el secuestro de elementos vinculados a los cabecillas de la organización “Peak Capital”.
La causa se originó a partir de numerosas denuncias efectuadas ante el Ministerio Público Fiscal provincial (MPF). Las presentaciones hacían referencia a un complejo entramado de captación de inversores a través de redes sociales y plataformas digitales. Para ello,
prometían retornos diarios de entre el 2% y el 5%, mediante supuestas inversiones en la criptomoneda denominada “ASX30”, vinculada a la plataforma “MGS Trade” y operativa en el mercado financiero australiano, informaron desde la Fiscalía Federal.
De acuerdo con la caso, más de 1.000 personas habrían sido incorporadas a dos
grupos de WhatsApp llamados “Peak Capital Team”, donde recibían instrucciones para realizar operaciones simuladas de trading con activos digitales. Se calcula que el número de afectados sería mayor.
La investigación permitió determinar que los fondos aportados por las
víctimas eran canalizados hacia una única wallet (billetera virtual) en la red blockchain TRON, y que se llegó a acumular más de U$S525.000.
En la Fiscalía agregaron que las víctimas señalaron haber ingresado mediante invitaciones personalizadas y cursos impartidos por supuestos “especialistas”, quienes actuaban como administradores del sistema.
La estructura incluyó "jerarquías internas y comisiones por referidos, con bonificaciones de hasta un 15% por cada nuevo inversor captado". La Fiscalía infirió que esta metodología podría encuadrarse en un esquema piramidal clásico, en las que las
ganancias iniciales se sustentaban con el ingreso constante de nuevos aportantes.
Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal Nacional (MPFN) solicitó la apertura de una investigación en la justicia provincial por estafa -debido la jurisdicción-, pero aceleró la causa sobre delitos federales vinculados al orden económico y financiero:
lavado de activos e intermediación financiera.
Entre las personas que formaron partes de este esquema figuran conocidos del ambiente político, profesionales, empleados bancarios y empresarios. La hipótesis fiscal sostiene que se habría estipulado “una división clara de roles, con líderes que tomaban contacto con una supuesta asesora de nacionalidad china llamada
‘Wendy’, mientras que los demás miembros de esta organización realizaban tareas, como la coordinación de las inversiones, la creación de material gráfico, asesoramiento financiero y captación de nuevos ‘clientes’”, indicaron fuentes judiciales. /
La Gaceta
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