Obras sociales y prepagas deberán resolver reclamos de usuarios en un plazo máximo de 30 días: habrá multas y un ranking público

Jueves 12 de Junio de 2025, 19:03

Las obras sociales deberán responder en tiempo y forma ante reclamos por cobertura.



Tras años de demoras, la Superintendencia de Servicios de Salud implementó un nuevo procedimiento para gestionar denuncias, faltas formales y sanciones a obras sociales y empresas de medicina prepaga. Se trata de una reforma estructural que busca garantizar respuestas más rápidas y efectivas a los beneficiarios del sistema de salud argentino.

El cambio más significativo es que las entidades ahora deberán resolver las denuncias en un plazo máximo de 30 días hábiles, desde que son notificadas. Además, estarán obligadas a responder los requerimientos del organismo en no más de cinco días corridos. Antes, los procesos podían extenderse hasta dos años sin sanciones concretas.

Las nuevas reglas también traen consecuencias económicas reales: las multas se calculan por módulos, cuyo valor equivale al haber mínimo jubilatorio. Según la reforma implementada en mayo de 2024, las sanciones pueden ir de cinco a 100 módulos, lo que hoy puede representar más de 30 millones de pesos por infracción. Hasta entonces, los agentes de salud tenían la posibilidad de evitar responsabilidades mediante un pago voluntario de apenas 35 mil pesos.

Transparencia para el usuario y libre elección

Otra de las novedades clave es que las sanciones serán públicas. La Superintendencia creará un ranking institucional de cumplimiento, lo que permitirá a los usuarios saber qué entidades respetan sus obligaciones y cuáles no. La intención es fortalecer la libre elección de cobertura en base a información clara, generando competencia real y cuidando a quienes cumplen.

Con esta medida, el organismo busca recuperar definitivamente su rol fiscalizador. Según la nueva lógica, la carga de la prueba cambia de manos: ahora serán las obras sociales y prepagas quienes deban demostrar que cumplen con lo que la ley exige. Esto, además, apunta a desalentar la judicialización de la salud, un problema estructural que sobrecarga el sistema y deja a los pacientes sin respuestas oportunas. /TN