Viernes 13 de Junio de 2025, 04:36

UNANIME. Todos los legisladores presentes votaron a favor de aprobar el decreto que dispuso la intervención de la intendencia y el Concejo Deliberante de Alberdi.
Sin debate y con votación a mano alzada, la Legislatura de Tucumán aprobó este martes la intervención del Municipio y el Concejo Deliberante de Juan Bautista Alberdi, respaldando de forma unánime el decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo.
La medida, motivada por denuncias de extrema gravedad institucional, fue tratada con rapidez, aunque dejó en evidencia tensiones políticas entre oficialismo y oposición, especialmente respecto al uso del DNU como herramienta legal y a los tiempos en los que se tomó la determinación.
La sesión, presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, se extendió por menos de dos horas. Durante el debate, limitado a cinco minutos por orador, la mayoría de las intervenciones provinieron de legisladores opositores, mientras que el peronismo optó por una participación acotada.
La gran ausente fue la legisladora Sandra Figueroa, esposa del desplazado intendente Luis “Pato” Campos, quien está siendo investigada por la Justicia federal junto a su esposo y otros funcionarios por presuntos vínculos con delitos de narcotráfico, lavado de activos y asociación ilícita.
Desde el bloque Justicialista, su presidente
Roque Tobías Álvarez reconoció el carácter excepcional de la medida. “Si es DNU o es ley es muy secundario. La cuestión medular es la decisión que se ha tomado”, señaló, remarcando la gravedad institucional de los hechos denunciados. En esa línea,
Gerónimo Vargas Aignasse defendió la utilización del DNU como un instrumento válido en casos urgentes, posición respaldada por Carolina Vargas Aignasse, quien destacó que se trató de un "remedio fuerte para una situación extrema".
Sin embargo, voces opositoras coincidieron en cuestionar la vía elegida. La radical Silvia Elías de Pérez aseguró que “Alberdi se volvió Macondo” y criticó la falta de acción del exintendente Campos ante las sospechas de vínculos con el narcotráfico. “¿Dejaba que pase o era parte? Eso lo va a tener que dilucidar la Justicia”, sentenció. En un tono similar, José Cano recordó denuncias previas sin resultados y señaló que "todos los resortes institucionales han fallado".Por su parte,
Agustín Romano Norri fue uno de los más duros al calificar al DNU como “una reacción espasmódica” del Ejecutivo con fines de autopreservación. “El gobernador desprecia el sistema republicano y la división de poderes”, acusó. También se sumaron a las críticas los legisladores libertarios
José Macome y
José Seleme, quienes, aunque avalaron la intervención, consideraron que la herramienta elegida fue un "parche" y advirtieron sobre la necesidad de transparencia y reformas de fondo.
El oficialista
Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Legislatura, brindó su apoyo personal a la familia Campos y pidió respetar la presunción de inocencia. "La Justicia va a definir si es culpable de algo", dijo sobre el exintendente.
Entre los temas recurrentes en las alocuciones estuvo la necesidad de avanzar en una reforma política y electoral integral que alcance a la Ley Orgánica de Municipios. Legisladores como
Manuel Courel,
Raquel Nievas y
Claudio Viña subrayaron que el caso de Alberdi podría no ser aislado, aludiendo a un posible entramado narco más amplio en el interior tucumano.
El DNU 4/10 fue respaldado en comisión y transformado en ley, legitimando la intervención como una acción para restablecer el orden institucional. No obstante, el episodio dejó planteadas serias preguntas sobre la capacidad del sistema político provincial para prevenir y sancionar desvíos de poder, y puso bajo la lupa los vínculos entre política y crimen organizado. La Justicia ahora tendrá la palabra final.
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