Los Monroy tienen diez días para poner fin a la usurpación del balcón de La Angostura

Sábado 14 de Junio de 2025, 07:22

Una familia que se asentó sobre tierras fiscales en una de las zonas más privilegiadas del dique La Angostura fue notificada esta semana de que debe abandonar el lugar en un plazo de 10 días. La medida, ejecutada por las autoridades provinciales, forma parte de un amplio proceso de recuperación de espacios públicos y protegidos que viene desarrollando la Fiscalía de Estado desde octubre pasado, tras el estallido de un escándalo por múltiples ocupaciones ilegales en la zona.

El predio en cuestión, considerado un balcón natural del valle tafinisto y ubicado en cercanías del aliviadero del embalse, había sido alambrado y ocupado por la familia Monroy. Según alegaron los ocupantes, descendían de trabajadores ingleses que participaron en la construcción del dique, y por ello reclamaban un supuesto derecho histórico sobre las tierras. Incluso llegaron a instalar un cartel donde se anunciaba el funcionamiento de un vivero.

Con el tiempo, el uso del terreno se intensificó. De la actividad agrícola se pasó a la edificación de viviendas destinadas —según los ocupantes— a miembros del grupo familiar. Sin embargo, al tratarse de una zona fiscal y, además, parte de la Reserva Natural de La Angostura, las obras violaban una medida judicial de no innovar.

“El lugar tiene restricciones ambientales y de seguridad, ya que está próximo al sistema de desagüe del lago. No podían continuar con las construcciones”, explicaron fuentes oficiales. Hace menos de un mes, ya se les había advertido formalmente que debían detener cualquier intervención sobre el terreno.

La historia del predio se remonta a la época de construcción del lago. En ese entonces, una parte del terreno fue cedido por el Estado provincial al Automóvil Club Argentino (ACA), con la intención de levantar un complejo turístico. Sin embargo, a fines de los años 80, la entidad desistió del proyecto y devolvió el espacio. El problema es que esa devolución nunca fue registrada formalmente, lo que abrió la puerta a su ocupación informal.

Con el avance de las usurpaciones en diferentes puntos del valle, la Fiscalía de Estado reactivó el expediente correspondiente y comenzó los trámites para escriturar el inmueble a nombre de la Provincia, consolidando su carácter de bien público. El paso siguiente fue la notificación a los Monroy para que abandonen el lugar voluntariamente en el plazo estipulado.


Todas estas acciones responden a una política de Estado impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo y ejecutada por la Fiscalía de Estado, que busca garantizar el uso público, seguro y sustentable del suelo en una de las zonas de mayor valor ambiental y turístico de la provincia.
 

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