Domingo 15 de Junio de 2025, 07:43
Tras la sentencia de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que declaró nulo el contrato firmado por la gestión de Germán Alfaro con la UTE Tecno Agro Vial, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, ahora bajo el mando de la intendenta Rossana Chahla, estudia una nueva estrategia para implementar el sistema de estacionamiento medido y pago en la capital tucumana.La resolución judicial, emitida el 6 de junio, puso fin a un litigio de casi tres años, iniciado por un amparo colectivo que acumuló reclamos de entidades como la Defensoría del Pueblo, Fodecus y agrupaciones de cuidacoches. En su fallo de 43 páginas, las juezas
Ana María José Nazur y
Felicitas Masaguer concluyeron que no se había cumplido con las condiciones del pliego licitatorio, ya que la empresa adjudicataria no había finalizado su proceso de concurso preventivo.
La decisión dejó sin efecto el contrato pero no cuestionó la ordenanza que dio origen al sistema, aprobada en 2015. Este punto, según funcionarios municipales, abre la puerta a una reestructuración del servicio con sustento legal vigente.
El secretario de Movilidad Urbana,
Benjamín Nieva, adelantó que una vez que el fallo quede firme, elevará a la intendenta una propuesta para reordenar el tránsito y modernizar el sistema de estacionamiento, especialmente en el microcentro y zonas aledañas. “Necesitamos darle mayor agilidad al tránsito en San Miguel”, afirmó el funcionario, quien destacó el uso de tecnología como eje del nuevo esquema.
Entre las ideas que baraja el equipo municipal se encuentra el desarrollo de una aplicación que informe en tiempo real los espacios disponibles para estacionar, medida que, según Nieva, podría descomprimir el tránsito, beneficiar al comercio y reducir la contaminación ambiental. El proyecto involucra también a otras áreas como la Secretaría de Medio Ambiente y la Fiscalía Municipal.Además, no se descarta convocar a una nueva licitación. Nieva remarcó que cualquier proceso será transparente y que buscarán corregir lo que consideraron un punto crítico del contrato anterior: la desproporcionada distribución de ingresos, donde el 85% iba a la empresa y solo el 15% al municipio.
El estacionamiento medido comenzó a aplicarse en julio de 2022, pero su implementación se frenó a los 45 días por una medida cautelar. El contrato había sido adjudicado de manera directa a Tecno Agro Vial, para operar en un amplio cuadrante delimitado por avenidas Avellaneda-Sáenz Peña, Roca, Próspero Mena-Lucas Córdoba e Italia. Hoy, todo ese proceso quedó invalidado.
Desde la Municipalidad aseguran que la intención es retomar la iniciativa, pero con nuevos estándares de control y participación, tanto en lo operativo como en lo normativo. Mientras tanto, esperan la decisión de la UTE sobre una posible apelación y evalúan si es viable reactivar el sistema con los pliegos existentes o si será necesario modificarlos.
En este contexto, la gestión de Chahla busca avanzar en una solución duradera y consensuada para el ordenamiento vehicular en el centro de la ciudad, sin repetir los errores del pasado.