Más de 25 empresas fantasma y maniobras financieras: así operaba el clan L’Abbate, que vendía hasta 6 veces el mismo departamento desde el pozo
Lunes 16 de Junio de 2025, 09:22
Todo gira en torno a la firma Induplack Fiduciaria, eje de la operatoria que consistía en ofrecer unidades “en pozo” en distintos emprendimientos inmobiliarios. Los compradores entregaban anticipos y cuotas que, según lo pactado, debían destinarse a la construcción. Sin embargo, al vencerse los plazos de entrega, las obras estaban inconclusas, las escrituras jamás tramitadas y los departamentos inexistentes. En su lugar, las víctimas acumulaban pérdidas económicas y daños morales, mientras los mismos inmuebles eran revendidos a múltiples compradores en operaciones sucesivas o eran solo un pozo sin un solo ladrillo.
Detrás de esta maniobra, la investigación descubrió que los imputados no solo integraban Induplack, sino que también eran parte de al menos 20 sociedades del rubro de la construcción, muchas de ellas creadas luego de que comenzaran las primeras denuncias. “Crean un montón de sociedades en las que van sacando el dinero de una y colocándolo en otra”, explicaron fuentes judiciales sobre el el modus operandi. Además, los nombres de los imputados se repiten como fiduciantes o autoridades en cada nuevo fideicomiso. Las obras no avanzaban, pero las promesas continuaban, lo que les permitió a los involucrados seguir recaudando fondos y ocultando los movimientos del dinero.
Desde 2024 hasta hoy, ya se acumulan 150 causas judiciales con los mismos imputados. El esquema, sostienen los investigadores, se mantiene vigente y sigue funcionando: contratos similares, direcciones repetidas y una misma mecánica de dilaciones, reconocimientos de deuda, cesiones ficticias, convenios de pago, que apuntan a esquivar controles y seguir captando fondos sin construir ni rendir cuentas.
Los damnificados denuncian también la inacción judicial para preservar pruebas clave. Una de las preocupaciones más urgentes es el cierre sucesivo de empresas involucradas, lo que dificulta aún más rastrear el dinero y conservar la documentación. “Lo que sucedió ahora no es un hecho aislado”, advierten desde el colectivo de víctimas. Una de las firmas clausuradas recientemente es Magic Party S.A., y empleados aseguran que otras, como COTIFUN S.A., también están en proceso de cierre. “Estos movimientos no son casuales: facilitan el vaciamiento, la desaparición de pruebas, y complican el acceso a cualquier reparación”, aseguran.
Los L’Abbate y Patricio Gastón Flores, detenidos por una estafa inmobiliaria.
El grupo operaba desde oficinas en General Paz, sede de Induplack e Iconstech, que hoy ya están completamente desmanteladas. No se autorizaron los allanamientos solicitados a tiempo, y ahora es imposible recuperar computadoras, archivos contables o documentos que podrían probar el desvío de fondos.
Detrás de muchas de las firmas aparecen nombres repetidos: Emanuel L’Abbate, Carolina Carnevale (su pareja), sus hijos, exparejas y allegados. Según consta en el expediente al que pudo acceder Clarín, varios de ellos participaron del directorio de las sociedades y están señalados para futuras indagatorias, pero aún no han sido citados, lo que preocupa especialmente a las víctimas. “Lo que pedimos es simple: medidas cautelares urgentes. Que no puedan cerrar más empresas, mover plata, o desaparecer antes de que se los investigue”, reclaman.
Mientras tanto, el dinero sigue en movimiento. La estructura no solo afectó a decenas de compradores de departamentos, sino que logró, hasta ahora, esquivar la acción efectiva de la Justicia. Los damnificados se sienten desprotegidos. “Hicieron una masacre financiera. Los dejaron afuera. Y aún hoy, con los procesamientos confirmados, los dejan seguir”, sostuvieron.
Cuáles eran las sociedades anónimas
Según la investigación de la fiscal Mónica Cuñarro, desde el año 2008, los imputados se encuentran vinculados en 23 sociedades. Es a partir de 2019 que constituyen 14 de esas 23. En 2021 crearon Coti Fun S.A, en el año 2022 constituyeron Magic Party S.A y tan sólo en 2023 sumaron otras 7 firmas: 5 el 21 de junio de 2023 – Vision Home S.A, Premium Home S.A, C.E Import S.A, Full Home S.A y Beauty Glam S.A – y las otras dos 2 el 31 de agosto de 2023 – Integral Home S.A y Metro Arq S.A.
Coti Fun, Magic Party S.A y las 5 sociedades constituidas el 21 de junio de 2023 tienen como común denominador las mismas sedes sociales – Guaminí 2375 – y las mismas autoridades – Presidente Carolina Carnevalle (esposa de Emanuel L’Abbate), director suplente Emanuel L’Abbate y la escribana interviniente es Soledad Lupardo.
El objeto social de Coti Fun, Magic Party, Full Home y Beauty Glam difiere del resto de las sociedades ya que están destinadas a comercializar productos de cotillón, bazar, regalería, bijouterie, etc. Si bien puede pensarse en una expansión de la familia L’Abbate, ello no se condice con la realidad económica y financiera que atravesaban desde 2019.
En el descargo efectuado por Emanuel L’Abbate el 15 de abril intentó justificar la proliferación de empresas al explicar que en el año 2018 sufrieron un default por 14 millones de dólares, por lo que empezaron a vender activos de la familia y de la empresa familiar, que no quisieron concursar. “El concurso nunca fue una alternativa moral porque todos pierden”, dijo, y agregó: “Por eso, seguimos construyendo y generando ganancias, y la única manera era creando nuevas empresas para poder seguir ejecutando la construcción de los edificios”.
Sin embargo, según la investigación, lo que en principio pretende justificar Emanuel L’Abbate con la creación de todas las sociedades para que “nadie pierda”, es ni más ni menos que otra maniobra defraudatoria de la asociación ilícita. Entonces, lo que el imputado menciona como “generar ganancias” no era más que un autofinanciamiento a través de la reventa de unidades y la defraudación a miles de compradores.
Ellos, en lugar de presentarse a concurso siguieron construyendo nuevas empresas cada vez que quedaban inhibidos y continuaban vendiendo y revendiendo las unidades funcionales, para lograr sortear obstáculos legales y, de esta manera, continuar recibiendo dinero de los compradores/víctimas sabiendo que jamás iban a poder cumplir con sus obligaciones. Acá es donde se encuentra el dolo y el acuerdo previo de la asociación ilícita para la construcción de las nuevas sociedades y la continuidad en la reventa de las unidades.
Cómo sigue la investigación
El 3 de junio de 2025, la jueza Paula González ordenó los embargos preventivos de 60 inmuebles y de 17 vehículos pertenecientes a los cinco procesados por estafar con la venta de inmuebles “de pozo”. Estas medidas cautelares fueron adoptadas para asegurar la suma de 905 millones de pesos para las eventuales restituciones económicas a las víctimas. Además, se congeló la cuenta bancaria de una de las compañías y se dictó la prohibición de innovar sobre la composición societaria y las participaciones accionarias de dos empresas.
El clan L’Abbate operó un sistema de estafas encubierto bajo la apariencia de desarrollos inmobiliarios legales. A través de Induplack, captaban ahorristas con promesas de accesibilidad y plazos razonables. Los compradores firmaban boletos de compraventa, pagaban en dólares y esperaban obras que nunca se terminaban. En muchos casos, ni siquiera se iniciaban.
El método se repetía: contratos en escribanías reconocidas, informes falsos de avance de obra y departamentos vendidos hasta seis veces. Ante los reclamos, las respuestas eran evasivas, los plazos se extendían sin explicación o simplemente se dejaba de contestar.
La causa judicial detalla cómo el dinero de los compradores era desviado sistemáticamente, afectando a familias que invertían sus ahorros en una vivienda que jamás llegaba.
Según reveló una investigación de Clarín, la estrategia era rotativa y se expandía por distintos emprendimientos ubicados en barrios como Almagro, Caballito, Flores, Villa del Parque y Villa Urquiza. Además de Induplack, participaban otras empresas como Iconstech S.A., presidida por Patricio Gastón Flores, también detenido. Los fondos circulaban entre estas firmas, mientras los damnificados quedaban atrapados en una maraña de boletos, promesas y deudas que nunca se saldaban.
Está previsto que en la última semana de junio se lleven a cabo las indagatorias ampliadas para los detenidos Vito Antonio L’Abbate, Emanuel Andrés L’Abbate, Juan Ignacio L’Abbate, Santiago David L’Abbate y Patricio Gastón Flores. Y se sumarán las indagatorias de los empresarios Gabriel y Pablo Brodsky, quienes desde la inmobiliaria Predial comercializaron proyectos de los L’Abbate. Ambos habían estado imputados pero la Justicia les dictó la falta de mérito. Ahora, la fiscal volvió a citarlos a indagatoria.
Cuando se conoció la decisión de Cuñarro, Gabriel Brodsky, titular de Predial, dijo que como inmobiliaria también fueron "damnificados". Y agregó: "Nada tenemos que ocultar y desde el primer minuto nos pusimos a disposición de la Justicia". /Clarín
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