Un juez liberó a la dueña de la camioneta que se usó para tomar fotos de la casa de un fiscal
Miércoles 18 de Junio de 2025, 07:27
IMPUTADOS. La joven, Milagros Cano, queda en libertad, mientras que la situación de Ariel Carrizo se definirá en una próxima audiencia.La causa se enmarca en una supuesta maniobra intimidatoria atribuida al recluso Miguel “Miguelón” Figueroa, un peligroso condenado por tres homicidios, que actualmente se encuentra alojado en el penal federal de máxima seguridad de Marcos Paz. Las autoridades investigan si este accionar buscaba presionar por su traslado a una cárcel tucumana.
El hecho ocurrió el 6 de junio de 2025, cerca de las 9:55. Leandro Guerrero, uno de los imputados, se presentó en una camioneta VW Amarok frente a un inmueble asociado al fiscal Carlos Sale. De acuerdo con el relato oficial, el hombre tomó fotografías del lugar, lo que fue interpretado como un gesto intimidatorio con presunto fin coactivo.
El personal policial encargado de la custodia advirtió el movimiento y se acercó al vehículo. En ese momento, Guerrero se dio a la fuga, lo que motivó una investigación urgente y la apertura de un nuevo expediente judicial. El legajo fue incorporado a una causa ya existente en la que se investiga a Figueroa por un mensaje de audio amenazante, donde dirigía intimidaciones al gobernador Osvaldo Jaldo, al juez Gonzalo Ortega y a los fiscales Sale, López Bustos y Pedro Gallo, incluyendo advertencias sobre sus familias.
Tras identificar el vehículo involucrado, la policía detuvo a Milagros Cano, titular registral de la camioneta. También fue aprehendido Ariel Carrizo, quien habría conducido el rodado en el momento del procedimiento. Guerrero, en tanto, se entregó días después.
Los tres fueron imputados por amenazas coactivas agravadas. A Cano y a Guerrero se les dictó prisión preventiva por tres meses, mientras que Carrizo recibió el beneficio de afrontar el proceso en libertad. En la vivienda de la joven se hallaron además 400 gramos de marihuana, lo que motivó la apertura de un expediente paralelo por narcomenudeo.
La causa también involucra a Marcela Noemí Díaz, pareja de Figueroa, como coautora intelectual del hecho intimidatorio. Se investiga si los acusados formaban parte de una organización que buscaba generar presión sobre el Poder Judicial en beneficio del detenido.
El martes, durante una audiencia de revisión, el juez Eudoro Albo rechazó el fallo de primera instancia y ordenó la liberación inmediata de Milagros Cano. Consideró que el hecho de ser dueña de la camioneta no constituye prueba suficiente para mantenerla en prisión. Su defensa, encabezada por la abogada Candela Álamo, anticipó que buscará replicar la medida para Leandro Guerrero, cuya audiencia de impugnación se realizará en los próximos días.
La defensora fue crítica con el desarrollo del proceso: “La sensación es amarga, porque hemos mostrado que se están equivocando con gente inocente, una vez más”, expresó Álamo tras la audiencia.
También apuntó contra lo que considera una política criminal sin límites constitucionales: “Entiendo que exista tolerancia cero frente al delito, pero eso no puede significar atropellar derechos. Esta causa no se sostiene en pruebas, sólo en suposiciones, y está generando traumas innecesarios”.
Las amenazas de Figueroa y sus intentos por influir en su lugar de detención encendieron todas las alarmas del sistema de seguridad y justicia provincial. Desde el Ministerio Público Fiscal se interpretó el episodio como una maniobra de presión sistemática, que incluiría un frente mediático y otro territorial, con movimientos organizados en la calle.
Con la investigación en curso, las autoridades buscan esclarecer si los hechos fueron organizados por una red vinculada al crimen organizado, o si, como sostiene la defensa, se trata de ciudadanos sin relación directa con Figueroa que fueron arrastrados por un exceso interpretativo judicial.
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