La
causa había sido investigada por la fiscal penal subrogante de la
Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas
Odorisio, quien encontró 118 casos de estafas por un perjuicio que supera los 776 millones de pesos.
El
juicio se extendió por más de un mes, donde pasaron cerca de cien
testigos. Para la justicia, Cositorto lideró una asociación ilícita que
tenía roles específicos para familiares y colaboradores, entre ellos
los hermanos Vilardel, líderes locales
La
justicia también condenó a Ricardo Gabriel Isaac Vilardel, referente
del esquema en Salta, a siete años de cárcel. Los otros culpables fueron
Jorge Federico Vilardel, su hermano, que recibió cinco años; Ana Lucía
de los Ángeles Vilardel, la hermana, recibió tres años de prisión en
suspenso. Misma situación para Vilma Albornóz.
El
tribunal, encabezado por los jueces Martín Pérez, Javier Araníbar y
Leonardo Gabriel Feans, también ordenó que se investigue a Daniel Flores
Jiménez por posible falso testimonio.
En su alegato, la fiscal Salinas Odorisio recordó que la
burbuja explotó en Córdoba en enero de 2022, cuando cesó el ingreso de
nuevos aportantes, generando un perjuicio millonario a los damnificados.
A pesar de ello, en marzo de 2022 los Vilardel seguían asegurando a los
inversores que en Salta no había problemas. Señaló que, como
responsables de la empresa, continuaban recibiendo dinero de la gente,
aun sabiendo que Cositorto estaba prófugo de la Justicia en otro país.
Para
la fiscal, los integrantes de la red, especialmente los Vilardel,
persuadían a los inversores con discursos convincentes y falsas
garantías, ocultando los riesgos y prometiendo rendimientos
inalcanzables. Destacó que en ningún momento se advirtió sobre el
riesgo, solo se habló de ganancias.
Es
la segunda condena que recibe Cositorto. En febrero de este año había
sido condenado a doce años de cárcel en Corrientes por las estafas en la
ciudad de Goya.
Cositorto
tiene además investigaciones en curso en Córdoba, donde se volvió a
elevar a juicio la causa que lleva adelante la fiscal Juliana Companys
de Villa María. También hay procesos en curso en Santa Fe y en Buenos
Aires. Esta última jurisdicción viene con un trámite lento, a pesar de
tratarse del lugar donde Generación Zoe tenía sus oficinas centrales y
mayor volumen de clientes. /Clarín
