El mito de que el Estado financia a la Iglesia católica lleva a los fieles a no aportar a su sostenimiento
Domingo 27 de Julio de 2025, 12:54
A pesar de los cambios en el financiamiento y los esfuerzos de concientización, persisten prejuicios y desinformación que afectan la economía de las diócesis.Esta idea errónea -que se suma a la creencia de que “es rica” en patrimonio- lleva a muchos fieles a no contribuir al sostenimiento de su Iglesia en sus 66 diócesis de todo el país, lo que -salvo alguna que otra diócesis que puede estar mejor económicamente- provoca que su situación financiera sea delicada.
La perspectiva es que será cada vez más delicada por una cuestión bien simple y parecida a lo que ocurre en la sociedad civil: el promedio de edad de los sacerdotes no para de subir, mientras que disminuye el número de los nuevos, agravando la situación de su mutual y una ayuda por el retiro.
En paralelo, a la renuncia del aporte del Estado que -aunque mínimo, como se señaló, era valioso para las diócesis más pobres- la Iglesia puso en marcha una campaña para crear conciencia entre los fieles de que debían sostenerla, que estuvo precedida de otras hace décadas.
Pero al clero -salvo excepciones- históricamente siempre le costó mucho hablar de sus finanzas, acaso porque consideraba inadecuado mezclar el dinero con la fe, a diferencia de otros cultos donde el diezmo es algo completamente instalado, como en el caso de los evangélicos.
También es cierto que el aporte estatal obró como una suerte de andador que impidió que todos los obispos soltaran las amarras con el Estado y se abocaran a crear conciencia y buscar mecanismos más efectivos de recaudación que la tradicional y siempre magra colecta en las misas.
La última dictadura había dispuesto una asignación mensual a cada uno de los obispos -por entonces unos 70- equivalente al sueldo del juez de primera instancia, aunque siempre fue muchos menos, y una pequeña contribución a párrocos de frontera y seminaristas diocesanos.
Más allá de una intencionalidad política, se basaron para su decisión en el artículo 2 de la Constitución Nacional que dice que “el Estado federal sostiene al culto católico” y que, a su vez, se funda en las extendidas expropiaciones del gobierno de Rivadavia a la Iglesia católica.
El promedio de edad de los sacerdotes no para de subir, mientras que disminuye el número de los nuevos.
Pero con la vuelta a la democracia fue creciendo la conciencia de que en una sociedad plural también en materia religiosa deben ser los propios fieles los que sostengan a su religión y los cultos deben tener su propia autonomía y estar libres de toda sospecha de dependencia del Estado.
La renuncia evitó roces con otros cultos, particularmente con los evangélicos, que siempre dijeron que en la Argentina hay libertad de culto, pero no igualdad de culto, y que el aporte era una muestra clara de un privilegio por parte del Estado, más allá de toda consideración histórica.
Eso no quita de que el Estado facilite el desempeño de las confesiones religiosas por considerar que constituyen un bien para la sociedad, no solo por su mensaje religioso, sino también por su obra social, tal como ocurre con las fundaciones y las asociaciones civiles sin fines de lucro.
Como también otra ayuda económica del Estado fundada tiene que ver con la preservación de los templos de todas las religiones declarados patrimonio cultural, diferente del gran esfuerzo que debe hacer la Iglesia católica y los demás cultos para mantener sus iglesias recurriendo a subsidios y aportes de particulares.
Otra cosa son los aportes estatales a la enseñanza privada que reciben los colegios de todas las religiones en función de la cuota que cobran (si es alta, no reciben nada) aunque solo para la planta de docentes y que, en los hechos, constituye un ahorro para el Estado porque una escuela estatal le resultaría más onerosa.
El rol de la Iglesia Católica como obra social.
El expresidente del Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) y docente de la ICA, Octavio Lo Prete, señala que “en la Argentina, aparte del aporte estatal que regia para a la Iglesia Católica, existe otro indirecto impositivo que favorece a todas las religiones por igual”.
“Este último –mucho más importante por su cuantía– opera por medio de beneficios fiscales de diferentes órdenes (nacionales, provinciales y municipales) como exenciones del IVA, del impuesto a las ganancias, del gravamen al cheque o del ABL en el plano local”, precisa Lo Prete.
A nivel mundial, las contribuciones directas de los fieles no son la única modalidad. Lo Prete considera “interesante el modelo vigente en Italia, llamado de ‘asignación tributaria’, en el que ciudadanos en su formulario del pago del impuesto a los réditos eligen destinar un pequeño porcentaje (0,08%) a una confesión religiosa de su preferencia, al Estado para fines sociales o a ninguno”.
“En España y en Alemania -señala- rigen sistemas similares, aunque en este último país el contribuyente ‘añade’ un monto a lo que ya debe tributar, lo que se considera como ‘impuesto eclesiástico’, siendo el sistema muy eficaz al utilizarse el aparato recaudatorio del Estado”.
Si bien en algún momento un secretario de Culto de breve paso por el gobierno de Carlos Menem pensó en copiar alguno de estos modelos en la Argentina, esta vía no prosperó y en la actualidad no está siendo considerada por la Iglesia católica ni por ninguna otra confesión religiosa en el país.
Lo concreto es que el plan que se puso en marcha tras la renuncia al aporte estatal llamado Programa Fe empieza a tener resultados. Lo recaudado a través de los medios digitales en los últimos 12 meses totalizó $204.515.908, lo que significa un 240 % más que en el período anterior.
Es cierto que todavía se está muy lejos de lo que la Iglesia católica necesita para solventarse, pero es un avance en la creación de la conciencia de la corresponsabilidad de los fieles en el sostenimiento de su propia religión, que la atención del clero y de los templos requiere de su aporte. /TN
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