Los acusados de usurpación en El Mollar lograron postergar diez días la formulación de cargos
Martes 29 de Julio de 2025, 05:39
LOTEO GAUCHO CASTRO. Los imputados en la causa consiguieron que la audiencia en la que debía definirse el avance de la parte penal en su contra, se aplace hasta el 8 de agosto.El caso, que se inició en enero tras una denuncia de la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, involucra un entramado de supuesta venta fraudulenta de tierras públicas en la Reserva Natural La Angostura. La investigación apunta a un grupo de personas —algunas con vínculos con la administración pública— que habrían montado una suerte de inmobiliaria paralela para comercializar ilegalmente terrenos fiscales, utilizando incluso oficinas del Estado y documentación apócrifa.
Entre los imputados se encuentran Juan Pablo Castro (aparente titular del emprendimiento), Rafael Trujillo y Maximiliano Barreiro (empleados de la ex Subsecretaría de Dominio Territorial y Hábitat), Fernando Rogel Chaler (ex titular de la misma repartición), Jorge Cruz (comisionado comunal suspendido de El Mollar), Yanina Mamaní y Damián Romano (familiares de los anteriores y supuestos colaboradores en la venta).
La audiencia de este lunes fue interrumpida por dos motivos: por un lado, la presentación de un escrito del abogado Daniel Bulacio —en representación de compradores de lotes— donde se plantea la existencia de una causa civil en trámite y se solicita la suspensión del proceso penal por “prejudicialidad”. Por otro, la ausencia de tres imputados y su abogada, Silvia Furque, quien notificó con antelación su imposibilidad de asistir por compromisos judiciales previos.
Ante esta situación, las fiscales auxiliares Gabriela Girardi y Luciana Ceccotti pidieron reprogramar la audiencia para garantizar la participación de todos los acusados y resguardar la estrategia fiscal. El planteo fue acompañado por el querellante José María Molina, en representación del Gobierno provincial, y los defensores de los imputados.
Durante la audiencia también se debatió la continuidad de la medida de restitución provisoria dictada en enero pasado, que obliga a devolver el control del terreno al Estado. La Fiscalía y el querellante solicitaron prorrogarla por seis meses, argumentando que se habían reunido nuevas pruebas que fortalecen la hipótesis delictiva. Sin embargo, los abogados defensores se opusieron, alegando que no puede avanzarse en sede penal sin antes resolver la titularidad en la vía civil.
Finalmente, el juez Velázquez concedió una prórroga limitada de la medida de restitución por 11 días —hasta el 11 de agosto— y recordó que debe respetarse la medida cautelar de “no innovar” dictada en noviembre de 2024, que prohíbe cualquier intervención no autorizada sobre los terrenos.
El 8 de agosto se espera una jornada clave: antes de dar paso a la imputación formal, el juez deberá resolver si la causa penal puede avanzar o debe supeditarse al resultado del proceso civil. Mientras tanto, el expediente por usurpación y estafas reiteradas sigue sumando tensión política y jurídica en torno al dominio de las tierras fiscales en una de las zonas más codiciadas de los Valles tucumanos.
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